No creo ser sospechosa de alegrarme del cierre de una cabecera -he defendido hasta la extenuación el papel y la dignidad de la prensa en esta columna- ni del despido de profesionales, sea cual sea su ámbito laboral. Cuando un medio desaparece, parte de la libertad de expresión y del derecho de información muere con él. Pero, ¿qué es más importante? ¿La sanidad pública, la educación de nuestros hijos, la jubilación de nuestros mayores o las televisiones autonómicas focalizadas en estos tiempos turbios a la mayor gloria del mandamás de turno? Ante la escasez de recursos, ¿cuál es el mejor destino de los fondos con los que contamos? Y otra cuestión que asalta mis reflexiones, ¿puede ser viable una televisión autonómica como Canal Nou que triplicaba el número de empleados de muchos medios nacionales?

Aplaudo que Esperanza Aguirre recrimine al ministro de Justicia que no haya reformado el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sea menos político y más imparcial e independiente. Que conste en acta que comparto dicha reivindicación, siendo yo consciente de que la credibilidad de la Justicia y la confianza de los españoles en los jueces, se encuentra bajo mínimos. Motivos para ello contamos por centenares. Pero, ¿por qué no se aplicó la ilustre dama igual criterio cuando era Presidenta de la Comunidad de Madrid? Ella hacía y deshacía a su antojo en los organigramas de organismos dependientes de la Comunidad. Por poner ejemplos bien conocidos por todos, a la Cámara de Comercio o a la extinta Caja Madrid me remito… La relación de agraciados con puestazos en la capital bajo sus mandatos, sin concurso público, sin experiencia previa ni cualificación acorde -todos ellos familiares, amigos y colaterales de cargos populares ¡oh casualidad!-, ha sido -y continúa siendo- flagrante, vergonzosa, bochornosa. Los dedazos en la época Aguirre en aras de sus propios intereses, resultaron épicos. ¿Qué legitimidad tiene, pues, alguien que reclama para terceros lo que no se aplicó para sí misma?

Estoy a favor de las políticas de reinserción de delincuentes que lo merezcan, de presos comunes. En la vida son necesarias las segundas oportunidades para aquellos que no tuvieron una existencia plácida, para los que se arrepienten de un negro pasado y ansían un nuevo volver a empezar. Pero, ¿es inevitable la libertad de violadores reincidentes no rehabilitados -¿¿¿las activistas no van a protestar por esto???-, de macabros asesinos múltiples o de terroristas que acabaron con la vida de niños inocentes? Por no recrearnos en macabros festivales de fuegos artificiales, repiques de campanas, juergas colectivas y brindis a tutiplén. Para mí tan enfermo está el asesino como el que le recibe como un héroe. ¿Se puede evitar por parte de las autoridades semejante espectáculo hiriente para las retinas de las víctimas? ¿No se trata de una apología del terrorismo en toda regla, tipificada como delito? ¿También resultaba inevitable esa celeridad en las excarcelaciones, cuando para los asuntos ordinarios el ritmo de la Justicia es decimonónico?

Los derechos de los trabajadores son sagrados, faltaría más. Pero, ¿en este siglo XXI debemos mantener de nuestros maltrechos bolsillos a unos sindicatos de dudosa utilidad, subvencionados, corruptos, que avergüenzan la esencia de lo que representan, el noble espíritu del trabajo? ¿Cuántos españoles estarían dispuestos a pagar hoy en día para beneficiarse de los “servicios” sindicales? ¿Por qué los profesionales honrados se dejan representar por semejante caterva de golfos, maleantes, chorizos, caraduras y jetas, sin rechistar un ápice?

Y dejémonos de dimisiones: adentrémonos sin miedos ni complejos en la responsabilidad penal cuando proceda.

Twitter: @CarmelaDf