Uno de los peores escenarios posibles para las empresas eléctricas y para los consumidores ya está aquí, tras el viraje dado por el Gobierno de cara a solucionar el déficit eléctrico de este año y de los próximos ejercicios. La retirada del crédito de 2.200 millones de euros que el Ejecutivo iba a aportar al sistema para solucionar al agujero que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados se ha producido, además  ha sido de forma inesperada el pasado viernes en el trámite parlamentario de la ley Eléctrica en el Senado

El Ministerio de Hacienda ha optado por anular la partida de 2.200 millones de euros que iba destinada a erradicar el déficit de tarifa, así como los 900 millones que tenían como objetivo sufragar los costes extrapeninsulares, «puenteando» al Ministerio de Industria, que había elaborado el texto legal con el objetivo básico de eliminar un déficit que consideraba inadmisible para la «salud financiera» de las compañías y para la supervivencia del sistema. Ahora lo poco que queda claro es que el déficit de este año ascenderá a más de 4.000 millones de euros, y que se unirá a los 30.000 millones acumulados en ejercicios anteriores.

La decisión del titular de ese departamento, Cristobal Montoro, tendrá repercusiones en las cuentas de las compañías, sus balances, las futuras inversiones y en el alza de las tarifas. Es además un fuerte varapalo para el ministro de Industria, José Manuel Soria, que tendrá que abordar de nuevo a lo que era la principal meta de su política energética: el  fin de llamado déficit de tarifa. Mientras, el Gobierno ultima en el Senado los trámites para sacar adelante la ley Eléctrica y los decretos y decretos que establecerán los recortes ya conocidos para las compañías eléctricas.

Este lunes las empresas del sector, que estudian nuevas medidas legales, se desplomaban en Bolsa ante las incertidumbres creadas, que en principio provocarán nuevas demandas antes los tribunales por la inseguridad jurídica en la que se mueve el sector, según medios consultados. Las compañías ya habían presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el decreto de tarifas de agosto, en el que se fijaba la congelación de los peajes.

Las principales eléctricas han cerrado la sesión de Bolsa liderando las pérdidas: Iberdrola (-1,92%), Endesa (-1,81%), Gas Natural (-1,01%) y Acciona (-3,58).

Mientras el Gobierno intenta defenderse y ha asegurado que si no hubiese computado un déficit de tarifa máximo de 3.600 millones para 2013, habría sido necesario equilibrar las cuentas del sistema eléctrico mediante «un nuevo incremento de los peajes de acceso que recaerían íntegramente en los consumidores eléctricos». Ante esta situación, se ha decantado por reconocer un nuevo déficit de tarifa, cuyo pago se aplazará en el tiempo, para evitar ahora una subida de peajes que «tendría un gravísimo impacto sobre el consumidor final, que ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años y que debilitaría aún más su renta disponible y su competitividad».

Esta consideración aparece recogida en la justificación del PP a la enmienda con la que añade una disposición adicional al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que se tramita en el Senado. En esta disposición adicional se reconoce la existencia de un déficit de tarifa máximo de 3.600 millones de euros para este año, «sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse en el sistema de liquidaciones eléctrico para dicho año». Este nuevo déficit es consecuencia de la suspensión de dos de las partidas previstas para este año procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pese al revés, José Manuel Soria ha ‘desdramatizado’ la retirada de las ayudas públicas. En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro ha señalado que la «prioridad absoluta de todo el Gobierno», y no sólo de Hacienda, es «cumplir con el objetivo de déficit público comprometido con la Unión Europea», `por lo que es lógico dejar en un segundo plano el solucionar los problemas equilibrio del sector eléctrico.

Ha indicado ahora que el incumplimiento del objetivo de déficit tendría un «coste mucho mayor» sobre la competitividad económica del país que el desequilibrio eléctrico. Así se lo transmitió a los principales ejecutivos del sector en una reunión mantenida la pasada semana en el Ministerio de Industria. Soria ha subrayado que hacer frente al crédito extraordinario de 2.200 millones de euros y a los 900 millones en costes extrapeninsulares reconocidos en los Presupuestos Generales del Estado hubiera dificultado cumplir con el objetivo de déficit y que, en su opinión, el nuevo desfase eléctrico no implicará nuevas subidas de la luz para hogares y empresas, como han advertido las compañías eléctricas.

Pero los analistas de los bancos de negocio y de las firmas de Bolsa no lo perciben así el impacto. El denominador común que se percibe en los expertos es la vuelta a la incertidumbre regulatoria que ha penalizado a las empresas en Bolsa en los últimos años. JBCM espera que estos 3.600 millones de euros de déficit, la cifra más optimista, para 2013 puedan ser titulizados a través de un mecanismo similar al existente hasta ahora. Si bien añade que el riesgo puede pesar en el sector y en las cotizaciones, ya que el efecto será la obligación de financiar, aunque se de forma temporal. 

Para Citigroup, si el Gobierno permite la titulización del déficit, el impacto en las compañías y en sistema no será tan relevante. Bajo las reglas actuales, concluye, incluso sin incrementos de tarifa, espera que el déficit en 2014 se reduzca a 1.000 millones de euros, un nivel que considera soportable, dada la disminución a largo plazo de los costes del sector. Pero Kepler Cheuvreux recuerda que las medidas implicarán más deuda en los libros de las compañías. Añade además que el nuevo déficit de tarifa podría ser titulizado vía Fade o no y considera que “hay vida” más allá del Fade, recordando que hubo colocaciones en 2007 y 2008 (antes del Fade y antes de la quiebra de Lehman Brothers).

Para BPI, las enmiendas devuelven la incertidumbre regulatoria al sector energético español. Asimismo, el analista de esta entidad destaca que los cambios introducidos penalizan a las utilities, que podrían verse forzadas a soportar de nuevo los costes en sus balances, en contra de lo que se esperaba para este año. 

Por su parte, Macquarie afirma que este cambio de rumbo cuestiona la credibilidad del Gobierno.“Esta decisión deja la puerta abierta a otra reforma que podría introducir nuevos recortes en los ingresos de las eléctricas para solucionar futuros déficits». Las nuevas enmiendas también ponen en tela de juicio el sistema de subida automática de tarifas, incluido en la ley del sector que actualmente está siendo debatidas.

Ahorro Corporación espera que “las eléctricas recurran las medidas al igual que ha ocurrido con la última orden de tarifas. Noticia desfavorable y que debería ser negativamente descontada por el mercado. Con el 2013 sería el segundo año consecutivo en el que no se alcanza el objetivo de neutralizar el déficit de tarifa”. Y Bankia habla de la gravedad de la incertidumbre regulatoria.