La anulación del crédito de 2.200 millones de euros para ‘tapar’ el agujero eléctrico y de la partida de 900 millones para compensar los costes más elevados del suministro a los clientes extrapeninsulares ha creado un especie de caos en el sector, que no conoce ahora cómo se va financiar el déficit eléctrico que se está produciendo este año, previsto por encima de los 4.000 millones de ruso, ni el de los ejercicios posteriores.

La idea que las empresas afectadas han extraído de las reuniones con el ministerio y las declaraciones del titular de Industria, José Manuel Soria, así como el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, es que las compañías podrá titulizar la nueva deuda, pero aún no saben si van a contar con el aval del Estado.

En esta línea se ha expresado Nadal, que ha sido más rotundo sobre el impacto en la tarifa para contrarrestar el nuevo déficit, que supondrá un alza entre el 12% al 14%, se laminará en los próximos años. El Gobierno no permitirá una subida de ese calibre de una sólo vez, ha añadido. ·E indicó que por el momento son las eléctricas las que tienen que financiar a los consumidores este desajuste. «Tienen un derecho de cobro contra el sistema que se les pagará durante quince años con una rentabilidad adecuada, en quinceavas partes», explicó.

Es muy posible, concluyó, que las eléctricas coloquen este derecho de cobro en los mercados, aunque el Gobierno no ha informado todavía que les conceda el aval del Estado para las nuevas emisiones. Será un tema a tratar con las compañías.

Los interrogantes se complican ya que el proyecto de ley eléctrica y sus enmiendas ponen fin al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), mientras que se asignan las cuotas que cada una de las cinco grandes tendrán que apuntarse en sus balances. Como consecuencia los 3.600 millones de euros, ya que a la retirada de fondo públicos hay que añadir 500 millones de menos ingresos por impuestos que se iban a destinar también al déficit, tendrán que ser contabilizados como ingresos pendientes de cobro hasta que el Ejecutivo opte por el mecanismo para sacar esas partidas de sus balances.

Una situación que preocupa a los inversores y que ha hecho que en general se estime que esta nueva orientación de la política energética del Gobierno crea incertidumbres que se consideraban olvidadas. En este contexto, Goldman Sachs se apunta a esa teoría ha recortado el precio objetivo de los valores afectados. Así el de Red Eléctrica lo reduce desde 55 euros hasta 54,1 euros por título, el de Gas Natural desde 19,4 euros a 18,6 euros, el de Iberdrola hasta los 4,35 euros desde 4,55 euros, el de Acciona desde 39 hasta 38 euros, y el de Endesa desde los 2,15 hasta los 2,10 euros.