El déficit de tarifa del sistema eléctrico, que se llegó intentar controlar por decreto para este año -prohibición después convenientemente retirada y publicada el BOE- se mantiene como la mayor pesadilla de los directivos de las eléctricas y de los máximos responsables de la política energética, entre ellos el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Eliminar el agujero que se ha creado ante la insuficiencia de los ingresos regulados para cubrir los costes ha desbordado el ámbito energético y se ha convertido en un problema de Estado, como ya predecían desde hace años los analistas del sector, nacionales e internacionales. Contar con una deuda acumulada de 30.000 millones de euros no se un tema que se puede sustraer a los mercados que tienen que prestar, dar ratings e invertir en las empresas afectadas. Por ello las garantías para esta deuda es un tema central para la sostenibilidad y salud financiera del sector.

El tema es tan poliédrico y cuenta con tantas derivadas que en estas dos últimas semanas se han producido dos acontecimientos relevantes. El primero creo la alarma cuando una enmienda del PP en el Senado a la ley eléctrica eliminó la aportación de fondos públicos por 3.600 millones de euros -2.200 millones eran un crédito al sistema-, mientras que pocos días después, el miércoles 4 de diciembre, Montoro convocaba a las presidentes de Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Eon y EDP para anunciarles que una vía intermedia para este problema era posible.

Se trata de la posibilidad de que el déficit que se está creando este año, que podría superar los 4.000 millones de euros, se titulice a través de un mecanismo que todavía no se ha concretado. Las presidentes de las compañías se han mostrado satisfechos con este encuentro, por más que varios aspectos básicos hayan quedado en el aire, y serán objeto de estudio. Entre ellos está el vehículo a través del que se hará la colocación, y si se tratará del Fondo de Titulización (FADE) que, en principio, tenía este año su fecha de caducidad. Su supervivencia dependerá nuevamente de la decisión de Hacienda.

Las compañías defienden ese mecanismo que hasta ahora ha permitido que la colocación se hiciese al menos en los últimos meses con unas buenas condiciones para el emisor, aunque en función de la situación del mercado, si bien también ha influido que los títulos en los que se convierten los derechos de cobro cuenten con el aval del Estado. Respaldo que, en principio, Montoro parece dispuesto a otorgar, aunque el tema quede supeditado a las conversaciones que ahora se abren. El impacto en la tarifa, que de forma global estaría en el entorno del 14%, es uno de los puntos básicos, ya que el Ejecutivo espera que se lamine durante los próximos ejercicios.

De cara al futuro, la eliminación de algunas partidas que ahora se sustentan con cargo al sistema y a la tarifa se decantan como la única vía para que no se produzcan déficits en el futuro. Y es que los mecanismos puestos en marcha en este año se han complicado por los errores en las previsiones de aumento de consumo -ha sido menor-, lo que se ha traducido en menos ingresos para las empresa. Y también porque los impuestos a la generación con destino a paliar el déficit no se han aplicado en su totalidad, además de que han favorecido a la producción exportada desde Portugal que está libre de esas tasas.

Con todo, una carga que emerge con fuerza es el impacto futuro del pago del principal y  la deuda colocada, que se extenderá en los próximos años, hasta casi 2030 -falta por conocer el impacto de las colocaciones que restan-. Según cálculos del sector, desde los más de 2.200 millones de que supusieron en el último ejercicio (principal más intereses), las cargas llegarán a unos 4.500 millones al año en el futuro, entre vencimientos y pagos de intereses, ya que por la deuda se ha llegado a pagar el 6,5%. Y es que sólo los intereses acumulados superaban los 6.000 millones en las 40 emisiones realizadas que suman unos 23.000 millones. Para las eléctricas es un coste que deberán ser soportados por los Presupuestos Generales del Estado, ya que de lo contrario volvería ser una lastre para el sistema. Por otro lado, el FADE parece ‘condenado’ a refinanciar su endeudamiento.

Por su parte, la Comisión Europea ha avisado este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que suspender el pago de 3.600 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a las eléctricas, aunque reduce el riesgo de incumplir el objetivo de déficit público, retrasa la solución de otro «problema importante», la acumulación de deuda en el sistema eléctrico. El Ejecutivo comunitario evaluará además en los próximos meses si esta decisión respeta o no la recomendación de la UE que le exigía reformar el sistema eléctrico antes del final de 2013 para corregir el déficit de tarifa.