El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), el lobby que cuenta con el apoyo de aseguradoras (Adeslas, Asisa, AXA, Caser, DKV. IMQ, Mapfre, Sanitas), grupos de hospitales (Eresa, Gehosur, HM, Nisa, Hospiten, Quirón, Recoletas, Vithas) y otras empresas, ha elaborado el informe “Flexibilidad estratégica del sector privado ante la transformación de la sanidad pública: Análisis de escenarios de futuro 2013-2018”.l basado en las opiniones de 100 expertos.

El informe muestra una “visión optimista sobre el mantenimiento de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pese a las incógnitas sobre la salida de la recesión”. Este optimismo se basa en la consolidación del cambio de titularidad del derecho a la asistencia de la sanidad pública (de ciudadano a cotizante o beneficiario de la Seguridad Social) y en “la extensión del copago a la prestación asistencial”.

Los expertos pronostican “una lenta recuperación del equilibrio financiero, una prolongación de la presión fiscal y una difícil contención del crecimiento de la demanda y del gasto sanitario”. La recurrente reducción presupuestaria, la posible extensión de copagos adicionales para servicios asistenciales y la creciente corresponsabilización del contribuyente en la suscripción de aseguramiento complementario, contribuirán al aumento de la proporción de la financiación privada del gasto sanitario.

Defienden la extensión, “con criterios clínicos, garantía de equidad y eficiencia administrativa” del copago a las prestaciones asistenciales. Esperan la recuperación de la desgravación fiscal del seguro de Salud “ante la renovada evidencia de ventajas de interés general y el impacto del aseguramiento y utilización de la medicina privada sobre la congestión y la presión asistencial de la sanidad pública”.

Estos expertos pronostican un aumento de la sanidad privada y de la suscripción de seguros de Salud, y se muestran escépticos sobre una reducción significativa de la injerencia política en las decisiones técnico-sanitarias. También reclaman la implantación de la evaluación económica de coste-efectividad para la racionalización de la cartera de servicios de financiación pública y la reducción de bolsas de ineficiencia asociadas a hospitalizaciones, pruebas diagnósticas duplicadas e intervenciones innecesarias.

Y reclaman el establecimiento de sistemas de información compartidos con la sanidad pública “que permitan la comparación de resultados, costes y el reporte de la experiencia asistencial y la satisfacción de los pacientes”.

Reformas estructurales, no cosméticas

El Idis, presidido por Javier Murillo (primer ejecutivo de Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y VidaCaixa), reclama reformas “no cosméticas, sino estructurales, adoptadas con el mayor consenso institucional y político posibles, e inspiradas en la eficiencia y en la calidad de la atención asistencial”.

“Una auténtica reforma del sistema sanitario público requiere la definición de una cartera de servicios realista, financiación suficiente, una buena gobernanza del sistema, medidas para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y, desde luego, corresponsabilidad de los ciudadanos en la utilización de servicios y prestaciones, estando siempre junto al paciente, independientemente de su situación y condición social”, subrayan en el Idis.

El sector privado reclama también “un marco más estable, más transparente, dotado de suficientes garantías y seguridad jurídica, al margen de cambios políticos, ya que los proyectos de la sanidad necesitan un horizonte a largo plazo”.