Además, ha aprovechado para asegurar que jamás ha permitido injerencias políticas dentro del organismo.

   En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha preguntado al ministro si «está en disposición de garantizar la independencia» de la Agencia, a la luz de los ceses y dimisiones que se han producido en las últimas semanas.

En su respuesta, Montoro ha afirmado que, en los seis años que ha ocupado el cargo de ministro de Hacienda (primero en el Gobierno de José María Aznar y, ahora, con Mariano Rajoy), «jamás se ha producido una injerencia política en la Agencia Tributaria». «No lo permitiría, no lo consentiría, y cualquier funcionario de la Agencia que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarlo», ha añadido.

Definir cómo hacer los nombramientos

Y, para disipar cualquier duda sobre la independencia de los inspectores, ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios «la redacción y aprobación del estatuto que tiene pendiente la Agencia desde su nacimiento, en 1990», donde «definir claramente cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos, en función de qué méritos» y cómo se define la carrera de estos profesionales.

«Ofrezco que, en el marco de la reforma tributaria pendiente que se abordará en la primera mitad del año próximo, abordemos también ese estatuto que dé satisfacción a las decenas de miles de mujeres y hombres que en la Agencia Tributaria realizan con su trabajo y esfuerzo cada día la realidad de financiar los servicios públicos de los españoles, garantizando la recaudación tributaria y luchando contra el fraude», ha apostillado.

Por último, el titular de Hacienda ha negado haber dicho «nunca» que los inspectores que han sido cesados en la Agencia Tributaria sean socialistas, y ha asegurado que no existe «ninguna doble vara de medir» entre cómo se aplican las decisiones a los ciudadanos y cómo se aplican a las grandes empresas o los miembros de la Casa Real. «Pero para que no haya ninguna duda, hagamos juntos este estatuto», ha concluido.

«No creemos al Gobierno»

Sin embargo, el ofrecimiento de Montoro no ha convencido al diputado de la formación magenta, que duda de la «buena fe» de un Gobierno «incompatible con la independencia y la separación de poderes» como, a su entender, se ha visto a lo largo de toda la legislatura con las regulaciones y nombramientos de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Es un ofrecimiento muy interesante, íbamos a plantear (crear un estatuto de la Agencia Tributaria) en una iniciativa muy pronto, pero no creemos realmente en la buena fe del Gobierno. Las normas legales están muy bien, pero si no hay voluntad política a veces se usa para controlar más, y no queremos que dentro de poco los ciudadanos se pregunten si hay una doble vara de medir para las grandes empresas, los partidos o la Casa Real en la AEAT», ha añadido.

Y es que, a su entender las palabras del ministro se contradicen con los hechos más recientes, como la instrucción dictada por el director general de la Agencia, Santiago Menéndez, para arrogarse la potestad de nombrar a los peritos que auxilian a la Justicia en casos como el de la Infanta Cristina o el exsenador del PP Luis Bárcenas.

Un instrucción que «ha coincidido con decisiones sorprendentes» como que facturas de la infanta que habían sido declaradas ficticias ahora sean deducibles, o que donaciones al PP que se habían calificado como ilegales ya no lo sean y hayan «impedido que se sobrepase el umbral de 120.000 euros de delito fiscal».