El Senado mexicano ha aprobado, después de un duro debate de casi doce horas una profunda reforma energética que pone fin a 75 años de una política nacionalista que impedía que el capital privado participase en la exploración y producción de hidrocarburos. Fue el presidente Lázaro Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien incluyó la nacionalización de la industria petrolera en la Constitución, de la que ahora se eliminarán los artículos que protegían la propiedad pública.

La reforma que ha dividido a México en dos bandos, como hacía décadas que no se producía, se ha aprobado por instancia precisamente del PRI, y para el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto es el mayor triunfo que ha cosechado desde que tomara posesión de sus cargo. Ha contado con el apoyo del derechista el Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde, y ha sido la necesidad de contar con el PAN lo que le ha llevado a presentar una reforma más ambiciosa de lo que inicialmente había anunciado. Ahora el texto legal pasará al Congreso, en donde el PRI y el PAN cuentan con la mayoría de escaños.

La principal fuerza de la oposición el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha logrado, al menos por el momento parar el cambio que estaba esperando grandes, medianas y pequeñas empresas de hidrocarburos de todo el mundo. La oposición pide, no obstante, un referendum y ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema.

Pero los partidarios del cambio de estatus, que afectará a Pemex -que se convertirá en una empresa productiva estatal (casi nadie parece entender que significa la nueva condición), se sienten vencedores, mientras que lobbies, expertos, bancos de negocio estudian el contenido de la ley, y con un ojo puesto en la letra pequeña que vendrá después.

Con una fuertes reservas mal explotadas, México en el duodécimo país del mundo en recursos de petróleo y gas. Pero para desarrollar esa riqueza natural hace falta dinero y tecnología, y la industria mundial está dispuesta a cubrir ambas necesidades. Desde hace meses las grandes compañías norteamericanas, como Exxon o Texaco, las europeas y asiáticas están al acecho de las posibilidades de inversión en país que esconde unos tesoros, a lo que hasta ahora no tenían acceso. En ese grupo también está Repsol, que está participada al 10% por Pemex, y que cuenta con un acuerdo de coooperación que apenas se ha desarrollado. Y, asimismo, empresarios privados mexicanos, entre ellos ellos el magnate Carlos Slim, y familias unidas a la política del país, como los Salinas de Gortari.

A partir de ahora, el Estado creará una Comisión Nacional de Hidrocarburos que se  encargará de otorgar los contratos a las empresas para exploración y producción. Y , aunque se trata de concesiones ya que el Estado, como en casi todos los países, es el propietario último de los yacimientos, las compañías podrán apuntarse en sus cuentas y balances las adjudicaciones y el producto que aporten.