Cristóbal Montoro no es Felipe V. Quiso dejar claro este hecho ante la irónica pregunta del socialista catalán Frances Valles sobre si pensaba seguir los pasos de aquel rey Borbón y abolir la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que data del siglo XV. Su departamento ha elaborado un informe que recomienda anular los tribunales de control de las cuentas de las autonomías.

Pero el ministro de Hacienda se asemejó bastante a Fernando VII, también conocido como “el rey felón” cuando, para enfrentarse a las responsabilidades políticas por la rastrojera de ceses y desaguisados en la Agencia Tributaria, ofreció a la oposición la fórmula “caminar todos juntos por la senda de un nuevo estatuto”. Al primer envite protagonizado por el diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, respondió Montoro con la oferta de redactar y aprobar por consenso el Estatuto de la Agencia Tributaria, que está pendiente desde 1990 en que se creó la propia Agencia, para que los cargos, la promoción y los nombramientos de los 27.000 empleados públicos de la misma se realicen de acuerdo con unas pautas imparciales y de seguridad.

El ministro aseguró que jamás de los jamases en sus seis años de responsable de los impuestos del Reino de España ha incurrido en injerencia política y señaló que si así fuese, cualquier funcionario que tuviere conocimiento de ello debería denunciarlo. Enmarcó la elaboración del Estatuto de la Agencia Tributaria en la reforma fiscal que promoverá en el primer semestre de 2014, según dijo. Aunque Anchuelo no le otorgó la voluntad de consenso de la que Montoro quiso hacer gala, porque los antecedentes hablan por sí solos de la ocupación partidista de instituciones tan “independientes” como la CNMV, la nueva CNC o el Consejo del Poder Judicial, la portavoz socialista, consideró bienvenida la oferta.

La condición previa, planteada por los socialistas en una interpelación que defendió Pedro Saura, pasa por aclarar hasta el último extremo la “caza de brujas” en la propia Agencia Tributaria para favorecer a determinadas grandes empresas, a personas importantes y “amigos políticos”. Estamos hablando, dijo Saura, de la amnistía fiscal a los fondos suizos de Luis Bárcenas Gutiérrez, el tesorero del PP; de las deducciones fiscales de los pagos ilegales al PP y a la trama Gurtel; de las facturas por servicios ficticios admitidas por Hacienda para exonerar de delito fiscal a la hija del Rey, la infanta Elena de Borbón; del cese fulminante de la inspectora de grandes contribuyentes por mantener la sanción a la multinacional Cemex; del descabezamiento de varios directores regionales por parte del nuevo director, Santiago Menéndez, a quien llaman “Treméndez”, poco después de que el ministro Montoro dijera que la Agencia Tributaria está llena de socialistas. Menéndez fue nombrado por Montoro en sustitución de Beatriz Gloria Viana tras el affaire de las operaciones inmobiliarias ficticias del famoso NIF 14-Z, para engañar al juez y exonerar a la mencionada infanta Elena.

Pedro Saura también pidió aclaración a Montoro sobre si su empresa de asesoría fiscal tenía algo que ver con el trato a grandes contribuyentes. Y le emplazó a explicar a qué empresas y personas importantes representa. “Si no contesta, tiene que dimitir e irse a casa”, le dijo. Hoy la impresión generalizada, añadió Saura, es que hay empresas y personas que están por encima de la ley. O sea, que Hacienda no somos todos: “unos somos ciudadanos y otros son clientes”, afirmó el interpelante socialista.

Montoro contraatacó: “El que debería irse a casa es usted por razones éticas y morales relacionadas con los principios”. Y atribuyó a los socialistas una intención destructiva. “Está claro a lo que va el grupo socialista cuando estamos saliendo de la crisis: a la deslegitimación, a demoler”, dijo. Luego aclaró que cuando salió del Gobierno en 2004, los grandes contribuyentes tenían un gravamen del 14 y el 15% y cuando volvió, hace dos años, encontró que el tipo efectivo no llegaba al  5%, “o sea, que no pagaban impuesto de sociedades”. Desde entonces ha subido el tipo al 8% y eso representa 4.800 millones de euros sobre los ingresos de 2011. Ya en respuesta a las preguntas concretas de Saura aseguró que “no hay trajes a medida” ni perdón de impuestos a cambio de inversiones. “Otros países europeos lo hacen, pero nosotros no”, aseguró. Sobre su participación en un gabinete de asesoría fiscal aseguró que lo creó en 2006 y vendió sus accione en 2008 cuando fue nombrado portavoz económico del PP por Mariano Rajoy. Y sobre su afirmación de que la Agencia Tributaria está llena de socialistas aclaró que sus palabras a un grupo de periodistas fueron que “hay seis altos cargos políticos del Gobierno anterior, entre ellos, el que fue Secretario de Estado de Hacienda”. Y añadió que se había enterado “ahora”, a raíz de los ceses y dimisiones.

Montoro, que repitió en tres ocasiones que exigirá “transparencia de todo y a todos”, calificó varias veces de “falsa” la información sobre la destitución de la inspectora que se negó a reconsiderar la deuda escamoteada de más de 400 millones de euros por la multinacional Cemex. “Yo puedo hablar de clubs de fútbol, de sectores, de medios de comunicación que tienen una gran deuda porque lo conozco, vienen a decírmelo, pero mientras yo sea ministro no se va a filtrar ningún expediente”, aseguró. En otro momento de su intervención atribuyó “determinadas informaciones a una forma de presión”. “No estoy con lo de (matar) al mensajero, pero que el mensajero se explique”, concluyó. De sus palabras dedujo Gaspar Llamazares, que intervino a continuación para interpelar a la ministra Mato, la promulgación de una nueva “ley mordaza”. Las aclaraciones de Montoro no han disuadido al PSOE de proponer una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas del fiasco del fisco.