El PSOE ha registrado en el Congreso una moción derivada de la interpelación planteada este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la Agencia Tributaria (AEAT), en la que proponen la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja ante la que comparezcan tanto los inspectores de Hacienda como los representantes de la multinacional mexicana Cemex, cuyo expediente sancionador ha dado lugar a la polémica sobre los ceses y dimisiones en el organismo público.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido que, tras la falta de respuestas «creíbles» por parte de Montoro al decálogo de preguntas sobre la situación en la Agencia de Tributaria que ayer se le planteó, es necesario solicitar una comisión de investigación.

«De lo que se trata es de que se sepa la verdad y todo lo que está sucediendo, particularmente en el asunto (de Cemex)», ha insistido, señalando que la intención del principal partido de la oposición es que en este foro comparezcan tanto el ministro de Hacienda como los altos cargos políticos y los funcionarios de la Agencia vinculados con el caso Cemex, para «saber si ha habido presiones o no, porque parece que sí».

Asimismo, los socialistas quieren escuchar las explicaciones de los despachos que han asesorado a la multinacional cementera, entre los que parece que se cuenta la asesoría que el ministro Montoro fundó en 2006 y de la que se desvinculó completamente dos años después.

Conocer los expedientes

Por otra parte, el principal partido de la oposición reclama que los miembros de la comisión tengan acceso a los expedientes polémicos que ha tramitado la AEAT, comenzando por el de Cemex, que según la Ley General Tributaria están sujetos a secreto y no pueden ser publicados ni divulgados. «La comisión de investigación es la única manera de conocerlos», ha señalado el diputado murciano a este respecto.

En este sentido, ha recordado que hace ya un año que Montoro se comprometió a publicar una lista de grandes defraudadores y morosos de la Hacienda pública sin que eso haya sucedido aún, aunque el ministro afirmó este miércoles que esa propuesta de modificación normativa se inscribirá en la reforma tributaria que se presentará durante el primer semestre de 2014.

«Vamos a ver cómo viene aquí la ley finalmente, pero comencemos por el principio: ¿Por qué no conocemos ya a los defraudadores convictos y confesos, que son los de la amnistía fiscal? Esto es inmediato. Cuánto me gustaría a mí y a la mayoría de españoles conocer esa lista. Estamos de acuerdo en avanzar, pero vamos a empezar por el principio», ha insistido.

Además, Saura ha aprovechado este punto para criticar a Montoro por haber cargado contra los medios de comunicación que, según dice, publican informaciones «falsas» como medio de «presión» contra Hacienda, ya que tienen deudas tributarias, que él conoce porque se las cuentan directamente sus responsables.

En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el ministro «no puede conocer nada de ningún contribuyente». «Si lo hace es una ilegalidad, eso va contra la ley», ha recordado. La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, también ha hecho referencia a este asunto, criticando las «insidias» y la «intolerable manipulación y utilización» que Montoro hizo para «no contestar a lo que se le preguntaba» sobre Cemex.

Multa de 450 millones

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha recordado que el objetivo principal de la interpelación era conocer el detalle sobre las posibles «presiones» que se habrían ejercido sobre una inspectora del departamento de grandes contribuyentes para que redujera la multa de 450 millones impuesta a Cemex por una sanción de 15 millones.

Un «escandalazo» que ha derivado en una «cadena de dimisiones» en la Agencia que, a juicio de Rodríguez, justifica esta petición de comisión de investigación. En este punto, ha explicado que si la solicitud se realiza a través de una moción y no por el cauce habitual es para evitar el veto que el PP «impone» con su mayoría absoluta a todas las iniciativas de ese tenor.

El mecanismo de la moción permite forzar el debate, pero en todo caso, aunque se aprobase, no conllevaría crear la comisión porque eso requiere una solicitud formal. En lo que va de legislatura, ninguna de estas peticiones que ha presentado la oposición, sobre el caso Bárcenas la crisis financiera y otros asuntos, ha llegado a debatirse en el Pleno del Congreso porque el PP impide que se incluya en el orden del día.

«Es muy triste, pero si no pedimos esta comisión de investigación en una moción el PP hubiera impedido que se debatiera en el Pleno», ha señalado la diputada, apuntando que los ‘populares’ exigen «junta tras junta» conseguir unanimidad para incluir este tipo de propuestas en el orden del día y luego votan en contra.

«Ahí están los demócratas, obstruyendo el debate»

Rodríguez ha acusado en este punto al presidente del Congreso, Jesús Posada, de actuar «en connivencia» con los ‘populares‘, al permitir lo que los socialistas consideran una «burla» al Reglamento de la Cámara, ya que las mayorías absolutas parlamentarias «sirven para ganar los debates, pero no para evitarlos». «Ahí están los demócratas del PP, obstruyendo y evitando el debate», ha dicho.

«Y, sin embargo, lo hacen de forma claramente fraudulenta, vulnerando el Reglamento y en connivencia con Posada, que se niega a meter (las peticiones de comisión de investigación) en el orden del día, y con Alfonso Alonso, que de forma reiterada exige unanimidad y se opone siempre para evitarlas», ha insistido Rodríguez, recordando que esto ha sucedido tanto con las peticiones socialistas como con las de otros grupos parlamentarios.

Por ello, ha instado al resto de la oposición a votar a favor de la moción, que se debatirá el martes o el miércoles de la próxima semana. La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también anunció su intención de pedir una comisión de investigación e igualmente UPyD ya expresó su deseo de que se constituya.

Finalmente, Pedro Saura ha recordado que en este tema el país se está «jugando mucho» porque dañar a la «joya de la Democracia», que es la Agencia Tributaria, supone poner en riesgo «que todos los españoles seamos iguales ante la ley, la conciencia fiscal del país, ya maltratada y machacada con la ‘amnistía fiscal’; y cómo se reparten los costes de la salida de la crisis».

Sin injerencias políticas

En el texto de la moción, que recoge Ep, los socialistas también instan al Gobierno a «garantizar que la AEAT actúa de acuerdo con los principios de legalidad, equidad, generalidad y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal» y a «prescindir de las injerencias ilegítimas» de los responsables en la Agencia.

Además, piden al Ejecutivo que garantice la «independencia y autonomía» de los inspectores fiscales, asegurando que la organización y la política de recursos humanos de la Agencia «se basa en criterios de capacidad», y no en «una política de nombramientos que responde a intereses particulares» y que persigue «modificar el criterio profesional» de dichos funcionarios.

Finalmente, la moción pide al Congreso un rechazo de «la reiterada utilización por el ministro de Hacienda, en debates políticos y parlamentarios, de la información sobre el cumplimiento por determinados contribuyentes de sus obligaciones fiscales, a las que no debería tener acceso de acuerdo con la legislación tributaria».

Restablecer el buen nombre de la Agencia Tributaria

Antes de que el grupo socialista presentara la moción, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó en declaraciones a Antena 3, subrayó que con la petición de la comisión de investigación, el PSOE pretende “restablecer el buen nombre de la Hacienda Pública”, porque, según ha denunciado, lo que está ocurriendo en la Agencia Tributaria es “gravísimo”.

El líder de la oposición afirmó que hasta ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha dado explicaciones sobre este tema, sino que, “lejos de darlas, se ha dedicado a buscar culpables”, primero señalando a la presencia de socialistas en la Agencia Tributaria y ahora apuntando hacia los medios de comunicación.

“Hasta ahora hemos estado especialmente prudentes, pero ayer viene el ministro y, lejos de dar una explicación, arremete no ya contra los socialistas, como hizo el día de la Constitución, sino también contra los medios de comunicación“, denunció.

Rubalcaba recordó que el “lío” en la Agencia Tributaria comenzó con la dimisión de una inspectora que se negó a acatar una “instrucción política” para retirar una multa de 400 millones de euros a una “gran empresa” (Cemex). “A partir de ahí se suceden las destituciones, los ceses y a partir de ahí el ministro empieza a buscar culpables, pero sin que nos haya explicado el origen del problema”, añadió.