El nuevo equipo económico del Gobierno argentino, que está dirigido por el también recientemente nombrado ministro Axel Kicillof, ha retomado con empuje las negociaciones entre Argentina y el Club de París (foro formado por países acreedores y deudores) para intentar avanzar en un acuerdo que mejore la percepción del país austral en los mercados y que reduzca los costes para financiarse. El pacto, desde el otro lado de la mesa de negociaciones, deberá permitir a los acreedores, con los que Argentina mantiene deudas desde el default de 2001, recuperar una deuda que ya suma 10.000 millones de dólares.

Los objetivos está claros, pero a partir de ahí comienzan las divergencias que obstaculizan el acuerdo, y que se centran en los plazos y en los vehículos financieros que deberán ser utilizados por el Gobierno de Buenos Aires para cumplir con los endeudamientos heredados y acumulados.

Los países acreedores quieren que la Casa Rosada se comprometa a pagar con activos líquidos, con un periodo que no supere los 18 meses, y sin quitas. En caso contrario, el protagonismo de las conversaciones recaerá en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como interventor de los posibles pagos. Mientras, el Gobierno de Cristina Fernández ofrece bonos a 10 años, con intereses que podrían superar el 7%.

En medios internacionales se resalta además que el Club de París, que después del verano pronóstico una nueva suspensión de pagos por parte de Argentina, no confía que ese país pueda hacer frente a sus reclamaciones. Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y Japón son algunas de las naciones que integran la citada organización y que, asimismo, son acreedoras de Argentina. España forma parte también en ese colectivo.

Un panorama, marcado por la posible necesidad de emitir nueva deuda para la refinanciación de la histórica, que complica el acuerdo con Repsol, que se ha planteado en base a la aportación a la empresa española de bonos, que serían emitidos en dólares por un importe de 5.000 millones de dólares, según medios financieros. Y es que el Club de París y el FMI podrían oponerse una esa nueva emisión de papel sin antes haberse cerrado el acuerdo de refinanciación de la deuda que todavía no se ha abonado.

La complejidad del entorno -así como el de la alianza suscrita por Madrid, Buenos Aires y México, ha hecho que Repsol contratase como asesor a Deutsche Bank-. Si bien los encuentros de los equipos que representan a las partes implicadas -en este caso Repsol, YPF y el Ejecutivo de Buenos Aires- parece que avanzan pese a las dificultades.

Adicionalmente Argentina cuenta con otro litigio, y es el que le enfrenta con los fondos buitre. Pese a un cierto respaldo dado por el Gobierno de Barack Obama, respecto a que el país latinoamericano esté obligado a aportar información a los acreedores sobre sus activos para facilitarles un eventual embargo, no lo tiene solventado en el fondo. Parte de estos inversores no quisieron ir al canje que se planteó hace tres años.