La convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Catalunya tuvo un efecto inmediato: que el PP y el PSOE se mostraran de acuerdo inmediatamente –quizás por primera vez en esta legislatura- en rechazarlo. Una lectura posible de esta coincidencia es la escasa fuerza que en estos momentos tienen en Catalunya los dos partidos mayoritarios en España. Claro que tanto el PP como el PSOE con esta actitud quizás logren afianzar unos votos que pierden por momentos en el resto de España y que no se hable de los casos Bárcenas, Gurtel, UGT, de primarias….

El anunciado veto a la consulta apelando a la Constitución es un argumento que en la actual situación es casi risible. A la carta magna -que sólo pudieron votar los hoy prejubilados- se la ha tratado como un chicle y se la ha interpretado a conveniencia del Gobierno de turno. Es más, PP y PSOE tardaron cinco minutos en modificarla a requerimiento de Bruselas para limita la deuda pública. Recurrir en estos momentos a la desprestigiada Constitución para impedir lo que ella misma dice, que la soberanía reside en el pueblo es casi un sarcasmo. Las leyes están para resolver problemas y no para ser un corsé que los agrave.

Desde Madrid se quiere ignorar las razones de una parte más que significativa de los catalanes y los exabruptos que se oyen estos días para desautorizar la propuesta de Artur Mas oculta las cartas que tiene el Gobierno central para racionalizar la situación. El enemigo no es Mas. Si cae más le seguirá Junqueras, Herrera o cualquiera de los miles de catalanes que están detrás de ellos avalando sus propuestas.

Todos los datos apuntan que en Catalunya hay un sentimiento muy mayoritario para votar su futuro. Lo dicen las encuestas y lo dice la calle. Mientras los que avalan esta idea la respaldan con millonarias y repetidas manifestaciones, los que se oponen sólo concentran a unos pocos miles. Ignorar esta situación es practicar la política de la avestruz, que ante un peligro esconde la cabeza.

Cuando el Gobierno preveía que la propuesta de la consulta haría aguas por la incapacidad de los políticos catalanes de ponerse de acuerdo (el mismo Zapatero, días antes, defendía esta tesis), el pacto entre CiU, ERC, Iniciativa y la CUP les ha descolocado. Sólo había de contemplar la cara de muchos políticos en el Congreso el pasado jueves.

La contundencia de las declaraciones de la mayoría de las fuerzas parlamentarias no nacionalistas sólo hace que incentivar el desplazamiento de muchos catalanes hacia las tesis secesionistas. Al fin y al cabo interpretan que desde Madrid se considera a Catalunya no una parte de España sino tierra conquistada  y que las leyes sólo sirven para combatir a los catalanes (desde el “España nos roba” hasta los continuas trabas que se ponen a la lengua y cultura catalana, pasando por los incumplimientos económicos de los compromisos del Gobierno central con el de la Generalitat.

Podrán prohibir la consulta, podrán suspender la autonomía e incluso hay quien sugiere encarcelar a Artur Mas, pero ello no impedirá que un sector muy mayoritario de los catalanes se sienta incómodo en España y que sólo se consideran españoles administrativamente por imperativo legal. Con lo que las medidas sancionadoras o represivas sólo servirían para radicalizar el conflicto.

Es posible que este artículo escandalice a algunos pero tengo la sensación que es un retrato bastante fiel de la situación y que es difícil pontificar desde Madrid de lo que está sucediendo en Catalunya. En cualquier caso esta es otra visión de la situación. Sólo conociendo lo que está pasando es posible buscar soluciones y puntos de acuerdo.