Los empresarios pagan y los empresarios mandan. Con estas palabras, el líder de la patronal, Juan Rosell, ha plantado cara hoy a la ministra de Empleo Fátima Báñez, quien se ha mostrado dispuesta a retirar de las manos de empresarios y sindicatos el control sobre los cursos de formación a parados y ocupados, cuya dotación supera los 2.000 millones anuales.

Un día después de que se publicaran las intenciones del Ejecutivo, Rosell ha parado los pies a Báñez y ha reivindicado el papel de los empresarios en la organización de los cursos. “Nosotros, que pagamos el 0,7 por ciento, tenemos que decidir de una manera mucho más potente”, ha dicho. Lo lógico es, continuó, que “quien paga, tenga mayor posibilidad de mandar en el tema”.

Con estas palabras, el líder patronal contestaba a la publicación de un informe del ministerio de Empleo en el cual se exponen los planes del Gobierno sobre formación, un área a la cual el Ejecutivo pretende darle un “vuelco”.

Para ello, el Ejecutivo de Rajoy quiere retirar el control de los cursos de formación a parados y ocupados, que mantienen empresarios y sindicatos. El departamento que dirige Fátima Báñez se conforma con que estas organizaciones pierdan al menos una de sus tradicionales funciones en esta materia. Hasta el momento, sindicatos y empresarios se reservan no solo la organización y planificación de los cursos, sino también la impartición de la formación, dotada con más de 2.100 millones anuales.

La realización de los cursos ha ocasionado recientemente algunos escándalos, como el presunto fraude detectado en la Comunidad de Madrid por parte del empresario José Luis Aneri, o la sospecha de que UGT ha estado utilizando estos cursos para financiarse irregularmente en Andalucía y que ha forzado finalmente la dimisión del responsable del sindicato en aquella comunidad, Francisco Fernández.

Ante estos escándalos, los sindicatos han dado hasta el momento pocas señales de querer abandonar la organización de unos cursos cuya dotación supera los 2.125 millones de euros al año, en su mayor parte procedentes de la cuota a la Seguridad Social que se paga con la nómina (1.860 millones); de los cuales, unos 1.100 millones se dedican a cursos y ayudas a parados, y 950 a formación de ocupados.

Por su parte, los empresarios se resisten a perder ese “doble papel” de organizadores y ejecutores cuyos efectos ha deplorado el departamento de Báñez, hasta el punto de considerar “indispensable” acabar con la doble función de empresarios y sindicatos, según recoge un informe del Ministerio fechado el pasado 25 de noviembre, y que marca el inicio de las negociacones encaminadas a sellar el quinto acuerdo en la materia, después de que se estrenara en 1996, con el pago de la cuota por primera vez, y que se han renovado hasta la fecha en tres ocasiones: 1996, 2000 y 2006.

UGT pide dar más peso a la formación de parados

Por su parte, UGT se ha se decantado este lunes por “continuar” dentro del sistema de formación, si bien ha admitido la necesidad de introducir algunos cambios a fin de adaptar la formación a los nuevos tiempos, lo cual implica destinar más cursos a parados y menos a ocupados, según dijo este lunes la secretaria de formación del sindicato, Teresa Múñoz.

La representante de UGT ha reclamado la continuidad del sindicato en la organización de los cursos y ha apostado por que el Estado central se encargue de la coordinación de la formación aunque luego sean las comunidades autónomas las que se encarguen de canalizar los fondos.

“El sistema es válido pero que debe ser el Estado el que debe coordinar la norma básica de aplicación en las comunidades autónomas”, ha reiterado la representante de UGT.

Mientras tanto, en el departamento de Báñez se prepara ya una nueva reunión después de que el pasado viernes se suspendiera el encuentro previsto entre empresarios, ministerio y sindicatos, a fin de avanzar en la negociación de este quinto acuerdo para la formación a cuya organización desea darle un “vuelco” el Gobierno.