Extraña coincidencia. Hace dos semanas el Congreso aprobaba, después de su paso por el Senado, la ley del Sector Eléctrico, precisamente el mismo día que estalló una de las crisis del sistema más relevantes de los últimos años. Una crisis que se ha saldado con la anulación de la subasta de electricidad -primero por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y después por el Gobierno-, mecanismo que establecía uno de los factores que después influía en la tarifa eléctrica del siguiente trimestre. Pero esto fue únicamente el principio.

Las coincidencias continuaron. El día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) -viernes 27 de diciembre- publicaba la citada ley, el Consejo de Ministros daba luz verde a un nuevo sistema de carácter transitorio para la próxima tarifa, y que sólo estará vigente para el próximo trimestre. Un método que ha fijado las coordenadas para modificar la revisión de enero de 2014, y que da como resultado un alza del 2,3%, frente al más del 11% que surgía de la polémica subasta del 19 de diciembre. Este polémico y defenestrado proceso ha creado el caos en el sector eléctrico y ha supuesto de hecho la intervención del sistema por parte del Ejecutivo.

Ahora, con las eléctricas denostadas, incluso por boca del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, en principio, cuestionó el resultado del proceso de subastas, y que el viernes manifestó que los precios de la electricidad restaban competitividad a la economía, parece que casi todo está de nuevo abierto. Y es así pese a la serie de decretos aprobados en estos dos últimos años, de carácter básicamente recaudatorio y con el objetivo, tampoco cumplido, de acabar con el déficit tarifario – se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados-, Un agujero que suma ya más de 30.000 millones de euros.

Con independencia de estos acontecimientos, otro tema que surge es que la ley del sector eléctrico -que parecía tener como meta afrontar una reestructuración en profundidad del sistema y del funcionamiento de los mercados- nace sin abordar los mecanismos de fijación de precios y tarifas, que el Gobierno se ha visto obligado a cambiar sobre la marcha, cuestionando el sistema legal vigente.

Los responsables de la política energética del Ministerio de Industria elaborarán en los próximos meses, antes del 31 de marzo, una norma que regule el funcionamiento del mercado de generación, el ‘pool‘, y de los componentes que dan lugar a las tarifas y, por tanto, enmarcan los precios de los mercados liberalizados. Una regulación que irá previsiblemente  ‘pegada’ como desarrollo de una ley que ne se plantea esas cuestiones.

En este camino también se están sembrando dudas sobre el comportamiento de las compañías y de los agentes financieros que hasta ahora participaban en las subastas. Queda además por determinar el resultado de las investigaciones sobre la posible manipulación de los precios, que puede desembocar en sanciones a las empresas y agentes por posibles prácticas irregulares. Un tema más que se une al ya judicializado sector.

En este contexto queda en el aire el preacuerdo alcanzado entre los presidentes de las grandes empresas eléctricas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que retirasen las demandas interpuestas en los tribunales a cambio de la titulización con aval del Estado del déficit creado en 2013.

Además lo que, incluso en medios del PP, se considera un ‘escándalo’ puede pasar una factura añadida a las eléctricas y no sólo sobre el tratamiento del agujero creado en 2013, que el Ejecutivo ha cuantificado en 3.600 millones de euros, pese a que las cifras actuales sobrepasen los 4.000 millones. Y es que la ‘amenaza’ de una quita en la deuda acumulada, que se acerca a los 30.000 millones de euros, vuelve a planear sobre el sector.

Un sector que no atraviesa sus mejores horas y que ha argumentado, a través de su patronal Unesa, que los elevados precios de las subastas del conjunto de diciembre se han debido, entre otros factores, a la situación anticiclónica que ha rebajado la aportación de las plantas eólicas, al tiempo que algunas centrales nucleares están paradas al iniciarse su proceso de revisión. Estas instalaciones, que se encuentran entre las primeras en entrar en funcionamiento por tener los costes de producción más bajos, han tenido que ser respaldadas por las térmicas de ciclo combinado a gas que han marcado en las últimas semanas los precios en el ‘pool’ (mercado mayorista de generación).

En medios del sector se señala que, con todo, el aspecto más relevante que conlleva la decisión es que el Gobierno se desautoriza a sí mismo. La ley eléctrica elaborada por el equipo del ministro de Industria, José Manuel Soria, que está enfocada de forma prioritaria a acabar con el déficit tarifario, no aborda reformas del funcionamiento del mercado de generación. Si bien hay antecedentes y ya la anterior Comisión Nacional de la Energía (CNE) señaló que el funcionamiento del ‘pool’ se basaba en mecanismos difíciles de controlar y más con la entrada de agentes financieros. De hecho, el anuncio de cambios en la fijación de los precios de la energía en las subastas (o de las propias subastas en sí), que determinan más adelante la evolución de las tarifas, no se ha contemplado en la ley.

Al texto que el 1 de enero entra en vigor también se le critica, entre otros aspectos, que no aborde una reforma de otras deficiencias del sistema que hacen que la factura eléctrica esté, tanto para los clientes a tarifa -domésticos y pequeñas y medianas empresas- como para la de mayor tamaño, entre las más altas de la UE, sólo superada por Irlanda y Chipre. Y que tampoco se contemple cuál es el mix de generación por el que el país opta a medio y largo plazo.