La vida socioeconómica española no será la misma en 2014. Todas las reformas aprobadas a lo largo de este año suponen una profunda transformación en el modelo económico y social del país, pero no tanto en las Administraciones. Aunque de lo que seguiremos más pendientes será de cómo salimos de la crisis y de si seremos capaces de crear empleo. El Gobierno tiene aún bastantes asignaturas pendientes, como la que deja a finales de este año con la subida de las tarifas eléctricas y una Ley Eléctrica que nadie cree que sirva para reducir el problema del déficit tarifario que tanto afecta a los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas. Y una de las reformas más grandes, la del sistema tributario.

En el aspecto puramente económico, la Ley de Presupuestos del Estado nos avanza que en 2014 crecerá el PIB después de dos años de recesión, una senda positiva que ya comenzó el pasado mes de septiembre. Habrá que ver si somos capaces de lograr el objetivo déficit fijado por Bruselas, pese a que los intereses de la deuda pública (situada en el 100% del PIB) se llevarán un buen pellizco de la recuperación, junto con el gasto derivado del desempleo y el gasto de las pensiones. Solo estas tres cuestiones (intereses de la deuda, paro y pensiones) absorberán el 54% del gasto previsto para todo el año.

Es de suponer que la recuperación económica ayudará a Hacienda a obtener más ingresos, una suposición que se tambalea si se tiene en cuenta que muchos sectores afectados por el IVA han mermado su actividad, y por tanto, difícilmente podrán dedicar dinero a la inversión. Además, las empresas tendrán que seguir peleando por acceder a los créditos, un camino que hoy por hoy no ha quedado despejado, por mucho que digan que el sistema financiero está saneado. Por la parte de los trabajadores, Hacienda seguirá con el IRPF incrementado otro año más, mientras sus salarios se siguen reduciendo, con lo que las arcas del Estado no podrán esperar mucho de la partida procedente del consumo. El Gobierno, además, se deja pendiente la reforma fiscal, que según han ido avanzando será profunda, aunque no se aplicará hasta 2015.

Reforma local

También será importante ver los efectos de la reforma local, uno de los ejes iniciales de las promesas electorales del PP, del que se esperaba mucho, reduciendo ayuntamientos, concejales, o el establecimiento de un “coste estándar” para cada servicio. Al final todo ha quedado en agua de borrajas y lo único que ha habido será que a partir de 2014 los alcaldes y concejales verán limitados sus sueldos y que sus cuentas tendrán un mayor control. A última hora el Ejecutivo ha aprobado que desde el próximo mes de enero los precios de los servicios públicos se desligarán del IPC y se creará un nuevo índice de referencia destinado sobre todo al sector privado. Pese a la premura de su aplicación no se sabe cómo se aplicarán los precios desde las diferentes administraciones ni todavía se conoce ese nuevo índice de referencia.

También está previsto que los entes locales dejen de asumir 4.000 millones en gastos que le corresponden a la comunidad y las competencias en educación, sanidad y servicios sociales pasarán a los presupuestos de la comunidad en los próximos cinco años. Ni que decir tiene que estos cambios ya cuentan con la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias.

Y en cuanto a la reforma de la Administración, excepto el recorte de la retribución de  determinados cargos de empresas públicas, poco más ha pasado. Nos habían prometido que se iban a reducir un gran número de empresas públicos, pero que a la hora de la verdad siguen en su mayoría donde estaban sin que el Gobierno se haya atrevido a “meterlas mano”. Lo único que se ha reducido han sido las pagas extras de los funcionarios, sus ‘moscosos’ y las ofertas de empleo público, mientras el número de  trabajadores de las administraciones ha ido descendiendo.

Deuda de las administraciones

A lo largo de 2013 las administraciones públicas han ido poniéndose al día con el pago a sus proveedores. Un esfuerzo que nos ha costado 40.000 millones de euros. A partir de 2014, el Gobierno empezará a aplicar su recién aprobada Ley de Deuda Comercial, cuyo objetivo es reducir los plazos de pago hasta igualarlos con los existentes en la UE: 30 días para el sector público y 60 para las empresas. En estos momentos, la administración tarda 141 días en pagar a sus proveedores y las empresas, 93 días.

Para agilizar este proceso, las facturas que no paguen las administraciones en el plazo previsto serán abonadas por Hacienda, que recuperará ese adelanto de los recursos de las transferencias. De esta forma, se ahorran los “recargos” que han tenido que pagar este último año.

Otra de las novedades será la factura electrónica, que incluye la creación del registro contable de facturas en el sector público. Con ello, el Gobierno persigue la mejora en el control y el rigor de la gestión de las Administraciones Públicas y garantiza los pagos y lucha contra la morosidad. Todos los proveedores tendrán la obligación de presentar las facturas en el momento en el que hayan presentado los servicios prestados, o los bienes entregados, y lo harán en un plazo de 30 días desde la entrega de la mercancía o la prestación de servicios. Quedarán fuera de este sistema las facturas de menos de 5.000 euros.

Con el nuevo sistema, la factura se presentará de forma telemática, desde la oficina, con el código que habrá facilitado previamente la administración, el proveedor accederá al “punto general de entrada” e inscribirá los datos de su factura. Sus datos pasan al registro contable desde donde se le remitirá el “acuse de recibo”. La administración deberá dar su conformidad a la factura y en el plazo de 30 días deberá pagarla. Si se supera ese plazo, Hacienda intervendrá.

Sistema financiero

Por sectores de actividad, el sistema financiero parece haber salido del atolladero y según aseguran en el Ministerio de Economía, ya está saneado y con los “agujeros” a punto de cerrarse. Las entidades intervenidas están en vías de solución. Bankia parece haber encauzado su cuenta de resultados; NCG Banco acaba de ser comprado por el venezolano Banesco y a principios de 2015 le toca el turno de venta a Catalunya Banc. Ya se verá si todo lo que se ha hecho ha servido para algo, porque en 2015 veremos los resultados de los test de estrés de Bruselas.

También las cajas de ahorros, foco del problema del sistema financiero cuentan con la nueva Ley de Cajas, recién salida del horno del Congreso, entre cuyas novedades más importantes destaca que se tendrán que convertir obligatoriamente en fundaciones. A ello se añade la polémica decisión de última hora de permitir “ciertas” compatibilidades para ocupar cargos en los nuevos patronatos y en el consejo de administración del banco (si no realizan en los dos puestos funciones ejecutivas y que el número de miembros compatibles no exceda del 25% del consejo de administración). No obstante, estas excepciones serán temporales porque el 30 de junio de 2016 serán incompatible para todo el mundo.

Sector eléctrico

El otro gran sector que aun no ha encontrado una solución es el eléctrico, en estos momentos en pie de guerra con el Gobierno. En la penúltima semana antes de acabar el año el Congreso ha dado su visto bueno a la Ley Eléctrica con todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, en contra.

La nueva norma reconoce un déficit tarifario de 3.600 millones en 2013, que deberá ser asumido por empresas y hogares. Y es que el objetivo principal de la nueva ley es acabar con el déficit de tarifa y poner fin a la subida constante del recibo de la luz. Entre las novedades destaca la implantación a partir del 1 de enero de 2014 de un mecanismo automático de revisión de los peajes que evitará que la deuda acumulada supere el 5% de los ingresos previstos para el año.

Pensiones

También a partir de 2014 las pensiones dejarán de revalorizarse según el IPC de noviembre. En su lugar el Gobierno ha implantado una fórmula matemática (factor de revalorización) para fijar cada año la cuantía de actualización en función del coste de la vida, ingresos y gastos de la Seguridad Social y tasa de variación anual del número de pensiones contributivas y sacando la media de los cinco años anteriores y lo que se haga en los cinco años posteriores.

Esta complicada fórmula se traduce en que las pensiones como mínimo subirán un 0,25% cada año (esa es precisamente la subida que tendrán las pensiones en 2014) y no podrán superar el IPC del año anterior más un 0,50% en tiempos de bonanza económica. En ningún caso se podrán congelar o bajar las pensiones. La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas está garantizada.

Y para quienes accedan por primera vez a su pensión contributiva, a partir de 2019 se les aplicará el factor de sostenibilidad. Esto es, para calcular la pensión se tendrá en cuenta la edad en que se jubila el trabajador, el número de años que ha cotizado y un coeficiente sobre la esperanza de vida. Todo esto se traduce en que cuando más aumente la esperanza de vida, menor será la pensión. Desde Empleo se ha calculado que este factor supondrá un recorte del 5% de la prestación cada diez años. Luego será más.

Mercado laboral

Pese a que la reforma laboral se aprobó en 2012, lo cierto es que el Gobierno ha realizado una reforma laboral “encubierta” en 2013 al ir ampliando los cambios. El último, la reducción de los más de 40 contratos actuales a cuatro (indefinido, temporal, de prácticas y formación y aprendizaje.

Esta simplificación persigue facilitar, sobre todo, a autónomos y pymes, los trámites de contratación y el conocimiento de las bonificaciones a aplicar en cada caso. El Estado pondrá a disposición de los empleados un “asistente virtual”, que comenzará a funcionar a partir del 1 de enero de 2014, y que solo requerirá cinco pasos a seguir.

Aunque, por imperativo de Bruselas, el Gobierno ha tenido que elaborar a marchas forzadas un plan de empleo juvenil, que acaba de entregar a la Comisión Europea para que ésta dé su visto bueno. Dicho plan tiene como objetivo que los jóvenes desempleados menores de 25 años (el 54% está en paro) reciban una oferta de trabajo de “calidad” o bien educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas, una vez transcurridos cuatro meses desde que finalizaron sus estudios reglados o se queden en paro. La única condición será que los jóvenes se den de alta en un registro telemático, solicitando que desean participar en el sistema de Garantía. España recibirá 1.888 millones de euros de las arcas europeas para poner en marcha este nuevo sistema.

Otra novedad reciente, que se aplicará a partir del próximo año, es la potestad que el Gobierno da a las Mutualidades de Trabajo para gestionar las bajas con prestación desde el primer día. Dichas entidades también podrán dar el alta al trabajador en caso de “silencio” por parte de la Seguridad Social.

Asimismo, otra novedad es la ampliación de la reducción de jornada para el cuidado de los hijos que pasa de la edad de ocho años actuales del hijo, a los doce. Con ello se iguala el sector privado al público en este tipo de reducción de jornada.