Esta decisión se apoya en la resolución de ayer de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por la que aseguraba no procedía validar la subasta eléctrica «ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas».

   En el texto publicado hoy se detallan esas circunstancias esgrimidas por la CNMC. Una de ellas es un volumen calificado agregado antes de iniciarse la subasta inferior en un 11,5% al de otras subastas con volumen subastado similar, arrojando una ratio de elegibilidad (volumen calificado/volumen subastado) un 10,4% inferior a la de dichas subastas.

Asimismo, se detectaron retiradas de volumen agregado por ronda superiores en términos relativos a las acontecidas en anteriores subastas. La CNMC argumentó también un conocimiento por parte de los agentes, en rondas muy tempranas, del exceso de oferta en tramos inferiores al tramo ciego (superior al 200% de exceso).

Para Competencia, esto llevó a una temprana finalización de la subasta, en concreto en la ronda siete, siendo la ronda de cierre más temprana de todas las subastas CESUR celebradas, que en ningún caso cerraron antes de la ronda doce.

Tras la subasta del pasado jueves, se estableció que la tarifa de la luz subiría más de un 11% en enero, previsiblemente en torno al 11,5%, después de que cerrase con incrementos del 25,6% que presionan un 10,5% al alza el recibo final.

No obstante, el Gobierno se mostró contrario a esta medida. En este sentido, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya anunció ayer que se estaba trabajando en «fijar un precio alternativo» de la electricidad al establecido en la subasta al considerar «exagerado» y «no justificado» su resultado.

«Lo importante es que esa subida no se va a trasladar al recibo de la luz», afirmó Rajoy, antes de aseverar que «el asunto se va a resolver antes de fin de año».

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros de ayer, aseguró que el Gobierno implantará a partir de enero un nuevo mecanismo «objetivo y transparente» de fijación de los precios de la electricidad.

Con este objetivo, el Ejecutivo ha pedido un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La vicepresidenta del Gobierno también explicó que la subida de la tarifa afectaría a un total de 16,2 millones de consumidores, de los que 14,6 millones son hogares y el resto, empresas.