El PSOE y CiU han alcanzado un acuerdo sobre el voto particular presentado por la federación catalana al informe con las recomendaciones sobre el Pacto de Toledo que votará este martes el Pleno del Congreso para promover un nuevo marco legal en relación con la edad de jubilación «más basado en la flexibilidad y gradualidad» y reclamando que cualquier modificación del mismo se haga de manera «progresiva» y no de manera «homogénea y forzosa para el conjunto de las personas».

Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, ha contado con el apoyo de PNV, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP y CC se ha abstenido y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD han votado en contra. Por contra, los votos particulares presentados por populares, minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.

El texto elimina la mención a la «voluntariedad» que introducía el texto original de CiU, y modifica el párrafo en el que señalaba que «no parece imprescindible y necesario aumentar la edad legal de jubilación que hoy existe de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas».

Asimismo, se recalca que esta modificación «progresiva» de la edad legal de jubilación no afectará a quienes se jubilen de inmediato. Cabe recordar que el objetivo del Gobierno es que el retraso de la edad de jubilación a los 67 años se haga completamente efectivo en 2027.

En concreto, el voto particular plantea un marco «más basado en la flexibilidad y la gradualidad» y en el «mantenimiento de estímulos a la prolongación de la vida laboral», junto a un «esquema razonable» de posibilidades de jubilación anticipada.

En este sentido, aboga porque la cuantía de la pensión a percibir dependa más del número de años cotizados a lo largo de la vida de las personas, de su esperanza de vida en el momento de la jubilación y en su capacidad de elegir en qué momento abandonan el mercado trabajo, que de otros factores.

El PP intentó lograr una votación separada de los puntos del informe para reforzar que se desmarcaba del pacto entre PSOE y CiU, si bien el PSOE utilizó su mayoría para frenar esta posibilidad.

Tampoco prosperó el voto particular del PNV que reclamaba que se reconozca la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen «sistemas singulares o especializados» de gestión de las pensiones, sin afectar los principios de solidaridad y de la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para acceder «en igual cuantía» a las prestaciones públicas.

La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las veintisiete modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones «basado en el reparto y la solidaridad».

El presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, Juan Morano, ha abierto el debate señalando que el informe la Comisión marca las principales adaptaciones para el sistema de pensiones necesarias para garantizar su «sostenibilidad financiera.

El diálogo social sigue abierto

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, sigue trabajando con los representantes sindicales y empresariales a contrarreloj, aunque cada vez se da más por imposible que el acuerdo se pueda cerrar antes del viernes, en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley por el que la edad de jubilación se fijará en España en los 67 años a partir de 2027.

Este mismo martes, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, daba a entender que los empresarios apoyarán el acuerdo, lo que no parece que vaya a ocurrir con los representantes de CC.OO. y UGT, para quienes es irrenunciable los 65 años como edad legal de jubilación. El Gobierno ha intentando por todos los medios, incluso poniendo sobre la mesa otras propuestas fuera del ámbito de las pensiones, como serían medias de I+D+i o política industrial, para que fuera posible llegar a algún tipo de aproximación. Pero la edad tope de jubilación ha enrocado a Gobierno y sindicatos.

Por este motivo, Jesús Caldera, el mediador elegido por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, para buscar el consenso en el marco del Pacto de Toledo, dejaba este martes abierta la puerta para que se siga negociando después de este viernes. El ex ministro ponía el énfasis en el trámite que seguirá el anteproyecto de ley en el Congreso, que de seguir los pasos normales tardará entre tres y seis meses en salir aprobado defintivamente, dado que luego comenzará el trámite parlamentario.