Con el cobro de estas facturas concluirá también el pago de las facturas de los proveedores correspondientes a las tres fases del Plan de Pago impulsado en 2012 y 2013 por el Gobierno de España para hacer frente el pago de facturas pendientes de las administraciones territoriales.

Según informó este lunes el ministerio de Hacienda, de la tercera y última fase del Plan, ya se han pagado las facturas correspondientes al primer tramo, 3.606 millones de euros que cobraron los proveedores de las CCAA en el mes de noviembre y 1.761,6 millones de euros que han cobrado el 9 de diciembre los proveedores de las entidades locales.

Es decir, se han pagado ya los 5.367,5 millones del primer tramo. Cuando se complete esta tercera y última fase del Plan, con los 8.065 millones que se abonarán a mediados de febrero, se habrán pagado todas las facturas de la 3ª fase por un importe de 13.432,4 millones de euros.

En el primer tramo de la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores de CCAA, se pagaron las facturas de los servicios prioritarios, como sanidad o servicios sociales. En el segundo tramo, se incluyen el resto de proveedores.

Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, el Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases de 2012 y 2013, habrá pagado más de ocho millones de facturas, que ascienden a casi 42.000 millones de euros y beneficiarán a más de 230.000 proveedores de las administraciones territoriales.

Asimismo, y según las estimaciones, los mecanismos de pago a proveedores, puestos en marcha por el Gobierno de España, habrán conseguido mantener aproximadamente 400.000 puestos de trabajo.

Fin de la morosidad

El Ministerio de Hacienda recuerda que la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ya en vigor tras su publicación en el BOE el pasado sábado, evitará a partir de ahora la morosidad en las administraciones públicas.

La Ley obliga a todas las administraciones a publicar el periodo medio de pago (PMP) a sus proveedores y, si se incumple el periodo medio de pago legal, entrará en funcionamiento un sistema progresivo de control.

Cuando el periodo medio de pago supere en más de 30 días el plazo legal (30 días), se pondrán en marcha medidas automáticas de prevención y de corrección y, si es necesario, se iniciará el procedimiento de retención de los importes de financiación a las administraciones territoriales para el pago a los proveedores.