Amasamos el año en su dureza de fronteras difíciles. Como si 2013 no acabara, como si los límites impuestos en el ritmo vital del calendario no se correspondiera con su continuidad. Es lo que vivimos: una acumulación de cortinas de humo, de reformas legislativas y subidas de luz a golpe de champán y de uva turbia, mientras el regocijo general de la fiesta no encuentra alborozo ni en su propia ebriedad. Nuestro Gobierno vive una borrachera de poder: cambia la Ley de educación, como la del aborto, sin ninguna intención de elaborar un consenso posible, sin diálogo público. Alberto Ruíz-Gallardón, que es el mejor cronista de sí mismo, empeñado como está en desenmascarar su verdadera identidad ideológica, después de dejar Madrid con un endeudamiento inasumible y clamoroso para las próximas generaciones, afirma que no hay problema en legislar contra el resto del Congreso, porque cuando haya otro Gobierno “podrá cambiar la ley”. Así vivimos, o malvivimos: con ministros que gastan el erario de todos como si no fuera público, como si fuera un bien privativo de ellos mismos y pudieran dilapidarlo, tirarlo, no sólo sin dar ninguna explicación ante ninguna auditoría ciudadana, sino también en la inutilidad de de una alternancia de legislaciones cíclicas.

Cuesta mucho dinero cambiar una ley: no sólo administrativamente, sino también por sus consecuencias materiales. De un hombre que ha dejado Madrid en bancarrota no se puede esperar más, pero llama la atención que, en estos años, en los asuntos fundamentales se hayan llegado a tan pocos acuerdos generales, de manera que se pudiera ir dejando fijada una agenda nacional, por ejemplo, en Educación y en Sanidad, sin tener que esperar a que ganen los contrarios para que también hagan lo mismo. Un país que no ha tenido una Ley de educación sostenida en el tiempo, con esa garantía del poso, del reto acumulado de un aprendizaje convertido en costumbre, no puede sorprenderse de que los resultados académicos de sus alumnos, en contraste con los de otras naciones, acaben siendo nefastos. Ocurre en Educación, pero también con otros ministerios: que los asuntos troncales de la convivencia no sólo no son tratados con voluntad de encuentro, sino que son motivo de un enconamiento político radical.

Vuelve a suceder, ahora, con la Ley del aborto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiarla cada cuatro años, en función de quién vuelva a gobernar, o de quién continúe? Se trate o no de una cortina de humo, lo cierto es que el Gobierno ha ido como en todo: arrasando o pisando, en lugar de buscar acuerdos que cimienten la convivencia pública. Por pedir, que el 2014 nos traiga cierta voluntad de entendimiento, de conciencia plural en el difícil sitio de encuentro democrático.