La Seguridad Social obtendrá 900 millones por las retribuciones en especie

27/12/2013

diarioabierto.es. El Gobierno considera que la práctica, cada vez más extendida, de entregar parte del salario en algo que no sea dinero es una carga injusta para el sistema de la Seguridad Social.

La obligación de incluir en la base de cotización a la Seguridad Social también ciertas retribuciones en especie reportará al sistema unos ingresos adicionales de unos 900 millones de euros anuales, según la memoria normativa del Real Decreto de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Gobierno entiende que la práctica “cada vez más extendida” de abonar una parte del salario en otro tipo de conceptos distintos al puramente monetarios supone la imposición de una “carga injusta” sobre el sistema de la Seguridad Social.

“La persistencia de esta vía de elusión de la obligación de cotizar debilita los efectos de cualquier otra medida destinada a incrementar la cotización”, añade.

Así pues, la memoria señala que recaudación derivada de la medida ascendería a un importe global de aproximadamente 900 millones de euros, “lo cual contribuiría sensiblemente a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a la vez que se avanza en la coherencia y equidad del mismo”.

Otros 100 millones por las cotizaciones de los autónomos

Otra de las medidas que incluye el decreto, la equiparación de la cuantía de la base mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos, también reportará mayores ingresos a la Seguridad Social.

La medida consiste en elevar la cotización mínima de los afiliados al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia (RETA), con más de 10 trabajadores y societarios, para equipararla a la prevista para los empleados encuadrados en el grupo 1 de cotización del Régimen General.

Esta modificación podría suponer, “siguiendo criterios de máxima prudencia”, aproximadamente 100 millones de euros más al año para la Seguridad Social.

Por último, la memoria estima que la medida relativa a la ampliación del plazo que permite efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación supondrá un coste para los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) de 40 millones de euros.

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