Muy pocas personas en este mundo rechazan las ventajas y privilegios. Y los diputados, menos. De ahí que el martes por la noche, cuando llegó la hora de votar las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo al Gobierno sobre la reforma de las pensiones, cuyo proyecto aprobará el Consejo de Ministros este viernes, sus señorías se opusieran a recibir el mismo trato que la mayoría de los españoles, es decir, a cotizar al régimen general de la Seguridad Social y a pagar la cuota por desempleo, como ya hacen los concejales.

La propuesta fue formulada en sus votos particulares por Rosa Díez y sólo obtuvo dos votos favorables, el suyo y el de algún despistado. Hubo 11 abstenciones y una mayoría aplastante de 333 votos en contra, comenzando por el del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y terminando por el del líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien sólo cuatro días antes en Sevilla había anunciado su intención de pedir la revisión de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones y de cualquier otra cosa. Para añadir gracia manchega (y cinismo) al asunto, el presidente José Bono había anunciado unas horas antes que remitiría una carta a los parlamentarios pidiéndoles ideas sobre la eliminación de los privilegios y sobre el régimen de cotización que desean.

Los diputados, senadores y numerosos parlamentarios autonómicos disfrutan de un Convenio Especial con la Seguridad Social que les permite completar los años de cotización que les falten para cubrir el periodo de carencia de los últimos 15 y poder cobrar la pensión máxima. Disfrutan asimismo de un complemento de pensiones con cargo al erario público del que carece el común de los trabajadores. Y disfrutan de una indemnización de un mes de paga mensual (3.155 euros) por cada año que hayan estado en sus cargos, pues al no pagar la cuota por desempleo no tienen derecho al subsidio de paro. Todas esas ventajas o privilegios se diluirían si se incluyeran en el régimen general de la seguridad social y cotizaran a los servicios de empleo como los demás asalariados. Pero eso sí que no. Sólo dos de los 350 diputados lo aceptan. Se nota que hacen falta mejores ideas.

Con el extraño sabor de la incoherencia (y la injusticia) todavía en el paladar, a la mañana siguiente (miércoles, 26 de enero), se descolgó Rajoy pidiendo a Zapatero que haga algo contra el desempleo juvenil, que ya afecta al 43,6% de los jóvenes menores de 24 años y le reprochó que doña Ángela Merker anuncie antes de venir a España que desea llevarse a nuestros jóvenes mejor preparados a trabajar a Alemania. Zapatero recordó que el paro juvenil es “estructural” y se encogió de hombros invocando la cifra de 2007, cuando el desempleo juvenil era tan bajo en España que sólo afectaba al 20% de los menores de 25 años.

Si se implanta la exigencia de cotizar 39 ó 40 años a la Seguridad Social para tener derecho a la pensión máxima, ya sabemos que muy pocos jóvenes la alcanzarán, pues a los que no tienen empleo hay que sumar los que disfrutan de contratos basura y trabajos temporales. De ahí que el sentido profundo de la reforma del sistema sea, por un lado, reducir del 10 al 20% de la cuantía de las pensiones y por otro implantar lo que el Libro Verde de la Unión Europea denomina un “sistema multipilar”: un pilar público insuficiente para sobrevivir, unos fondos de pensiones complementarios y un sistema de capitalización para quienes tengan posibles. Sus señorías lo saben y por eso no van a renunciar a los complementos con cargo a las Cortes Generales. Sería de tontos. Otra cosa es lo que diga Rajoy en precampaña electoral.