El Ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero de Cataluña en multar a los bancos con pisos vacíos, en aplicación de una ley de la vivienda aprobada por el anterior tripartito PSC-ERC-IC. Ahora el secretario de vivienda de la Generalitat, Carles Sala, ha avanzado que el gobierno catalán prevé aplicar este año un impuesto a las entidades financieras que no destine su patrimonio inmobiliario a fines sociales.

El importe del impuesto «irá en función del número de metros cuadrados totales que tenga la entidad financiera, de manera que se aplicará de forma exponencial, pagando más el banco que más pisos tenga vacíos», ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Según Sala, no se trata de un gravamen pensado con afán recaudatorio, ni tampoco disuasorio, sino que su objetivo es estimular que las entidades bancarias cedan para alquiler social los pisos vacíos, y para conseguirlo también habrá bonificaciones. La nueva tasa todavía se está estudiando, pero el secretario de Vivienda ha adelantado que su importe «puede ser el que salga de duplicar el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) actual».

A juicio del alto cargo del gobierno catalán, la Generalitat ya ha conseguido que CatalunyaCaixa les ceda 400 viviendas para alquiler social, y cree que pronto cerrarán acuerdos parecidos con Bankia y con la Sareb, el denominado banco malo. Para este año, Carles Sala ha añadido que la Generalitat necesita disponer de un millar de viviendas para destinar a alquiler social en unos 70 municipios.