La Autoridad del Canal de Panamá ha propuesto este martes al consorcio liderado por Sacyr una solución que pasa por un aporte conjunto de 283 millones de dólares para que el proyecto siga adelante. Esta inyección permitiría seguir trabajando a la espera de que se resuelvan las reclamaciones de la constructora en el marco del contrato establecido.

El consorcio empresarial también ha admitido que las reclamaciones por las deficiencias en el la construcción del tercer juego de esclusas se realizará dentro del ámbito del contrato pactado. No obstante, mientras Sacyr y sus socios -entre ellos la italiana Impregilo- han cuantificado los costes extraordinarios en unos 1.600 millones de dólares, los responsables panameños, incluidos la presidencia de la república, sólo admiten unos 500 millones de dólares.

La oferta de GUPC, ahora cuestionada, ascendía a 3.120 millones de dólares, casi 1.000 millones menos que la de la todopoderosa estadounidense Bechtel, que parece no haber renunciado a estar presente en el proyecto. Si bien éste ya está muy avanzado y las obras, que están realizadas en un 70%, deberán quedar concluidas a mediados de 2015.

Este martes estaba prevista una nueva reunión entre la ACP y las empresas para fijar el sistema de aportación de los fondos. Con esta inyección se intenta solventar los problemas de liquidez hasta que la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) dictamine sobre una de las reclamaciones presentadas.

Pastor señaló que «el problema entre un grupo de empresas entre las cuales está el consorcio que está construyendo el canal y la autoridad del canal» influye no sólo en Panamá y España, sino en todos los países del mundo, porque «la apertura del Canal de Panamá va a significar un antes y un después en el transporte marítimo internacional».

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente Martinelli que destacó que la industria naval y el transporte marítimo tienen los ojos puestos en lo que sucede en Panamá. «Se está construyendo una enorme cantidad de barcos de mayor capacidad para poder pasar por el canal y se está aumentando el dragado de los puertos para que puedan recibir estos barcos», ha señalado.

Para los analistas de Ahorro Corporación las noticias son «buenas» en la medida que las negociaciones podrían salvar el proyecto. En su opinión ACF es que se llegue a un acuerdo intermedio, en el que el Gobierno panameño cubra la mitad de los sobrecostes (unos 800 millones de dólares), «lo que permitiría al consorcio cubrir la práctica totalidad de los costes. Por otra parte, el consorcio tendría que sacrificar el margen de beneficio que esperaban obtener del proyecto».

Por su parte, el exdirector de la Oficina Económica del Gobierno y expresidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, ha asegurado que la participación del Estado español en el contra aval concedido al consorcio liderado por Sacyr que se adjudicó la ampliación del Canal de Panamá, aunque «otra cosa es que hubiera irregularidades administrativas». El aval de la obra lo aportó el grupo asegurador Zurich y el Estado español participó en el contra aval en la misma proporción que lo hizo el Cesce italiano, es una operación completamente normal, otra cosa es que luego hubiera alguna irregularidad administrativa», indicó Taguas .

Taguas considera que la ampliación del Canal de Panamá es la «obra más carismática», que su adjudicación constituye un «éxito incuestionable», y estima que es preciso aparcar el tema de las ofertas temerarias en el proceso de contratación del proyecto.