El Gobierno ha eliminado el derecho a prestación a cargo de la sanidad española a los parados que permanezcan fuera de España más de 90 días y hayan agotado la prestación o el subsidio. A partir de ahora será el país de destino el que deberá encargarse de costear su atención sanitaria. No obstante, el derecho se recupera de forma “automática” en caso de volver, afirman, desde el Gobierno; algo sobre lo cual discrepan otras voces.

El PP ha subido un peldaño más en sus planes por recortar los gastos de la sanidad pública. Si en un primer momento, los afectados fueron los inmigrantes sin papeles esta vez le toca el turno a los residentes legales en España, sin importar nacionalidad. Los parados que abandonen el país perderán el derecho a la prestación de servicios sanitarios una vez transcurridos 90 días desde que abandonaron el país.

La pérdida del derecho a la atención sanitaria se ha instrumentado mediante dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2014 publicadas en el Boletín Oficial del Estado el día 26 de diciembre. Una primera enmienda se encarga de precisar quienes tienen derecho a la asistencia sanitaria; entre los requisitos, esta enmienda obliga a tener fijada la residencia en España.

Una segunda enmienda especifica quienes conservan el derecho al acceso a los servicios públicos de Sanidad; son los parados que hayan agotado la prestación, el subsidio o equivalente aunque solo en el caso de que su estancia fuera de España no supere los 90 días.

En consecuencia, el Gobierno retira el derecho a la atención sanitaria pública gratuita a los parados que hayan agotado la prestación o el subsidio o programas equivalentes y prolonguen más de 90 días su estancia fuera de España.

Atención a cargo del nuevo país de residencia

La aprobación de las enmiendas implica que será el nuevo país de residencia el que deba costear la atención sanitaria de los emigrantes españoles. Con ello, el Gobierno pretende dejar de financiar la atención sanitaria de quienes no son residentes, según ha afirmado el portavoz de política sanitaria del PP en el Congreso, Rubén Moreno.

Por otro lado, el Ejecutivo asegura que al volver a España, el derecho a la prestación se recupera de forma “casi automática”. Así, fuentes del ministerio de Empleo y Seguridad Social aseguran que solo habrá que certificar la residencia para recobrar el derecho a ser atendido en los centros públicos de salud.

Sin embargo, no todo el mundo opina lo mismo. Según Gaspar Llamazares, responsable de Sanidad de IU en el Congreso, “se tarda un tiempo en recuperar el derecho. No es automático”.

El nuevo recorte afecta sobre todo a los jóvenes que han emigrado en busca de una oportunidad laboral. Estas personas deberán cuidarse de que el país de destino costee su atención médica, cuando sobrepasen una estancia de 90 días. A la vuelta deberán además preocuparse por recobrar el derecho.

Desde el PP, en cambio, justifican la medida con un ejemplo. La intención de la medida es impedir que una persona que lleve dos años residiendo en Alemania sea atendido con cargo a los presupuestos españoles, resaltan.

Muy distinto lo ven desde las filas socialistas. Las Juventudes Socialistas de España (JSE) han criticado la “actitud ruin” del Gobierno que, dicen, permanece “impasible” ante los problemas de los jóvenes para encontrar empleo y que además, “ataca frontalmente a los que buscan alternativas” fuera del país.