Su participación en las subastas de la luz ha reportado a fondos, ‘brokers’ y bancos unos beneficios anuales por valor de 1.000 millones de euros anuales, según la estimación realizada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que, junto a organizaciones de consumidores, ha pedido al Gobierno que fije un nuevo sistema vedado a estos actores a los que acusan de manipular las subastas a favor de sus intereses.

Según el sindicato, los intermediarios financieros consiguieron los 1.000 millones anuales de ganancias tras participar en 18 subastas trimestrales, 15 de ellas con beneficios, a través de las cuales se fija el precio de la luz por un sistema de pujas, y cuya última celebración fue anulada por el Gobierno tras saldarse con un aumento del 25 por ciento en el precio del kilowatio/hora, que hubiera repercutido en un incremento del 11 por ciento en la factura de la luz que pagan familias y empresas.

Además, el sindicato considera que la actual regulación “solo beneficia” a las cinco grandes empresas del sector que “monopolizan la producción y distribución de electricidad”, añadió el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, quien conminó además al Ejecutivo a abandonar su política de “parches” y abordar los problemas de fondo de un mercado cuya determinación de precios sitúa el precio de la electricidad ene el “más elevado para empresas y familias entre los grandes países europeos”, remató.

De esta forma, la central clamó este miércoles contra el sistema de subastas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinara este martes que no hubo manipulación en las pujas por las cuales se estableció el precio de la electricidad para el inicio de 2014; algo que para Górriz evidencia que el problema real está en el propio sistema de subastas, y no solo en la última de las pujas.

CCOO cargó además contra los “privilegios” de que gozan en su opinión las cinco grandes empresas del sector, una situación favorable a sus intereses que ha sido “mantenida” por los sucesivos Gobiernos y que representan un “insoportable freno para la competitividad de las empresas españoles y que han convertido en “inaccesible” para millones de persona este bien básico.

Finalmente, el sindicato aboga por revertir la privatización del sector a la vista de los pobres resultados cosechados en materia de precios para lo cual pide recuperar la presencia directa del sector público en el sector así como establecer un sistema de fijación de precios que se corresponda con los costes reales de cada fuente de generación, algo que pondría fin a los “grandes beneficios que obtienen las empresas propietarias de centrales nucleares e hidroeléctricas”, señalaron.

En la misma línea se pronunciaron este miércoles los consumidores agrupados en Facua. Desde esta asociación, los consumidores reclamaron al Gobierno que establezca una tarifa regulada que garantice unos precios razonables para la electricidad.

Ocultan el coste de generación, según Facua

Así, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que concurrieron “circunstancias atípicas” en la subasta Cesur celebrada el pasado 19 de diciembre, “por lo que se ha puesto de manifiesto que se pueden producir anomalías que llevan el precio al alza”.

Así, pidió al Gobierno un cambio de modelo para fijar las tarifas, ya que “la subasta es un sistema para especular los ‘brokers’, fondos de inversión, bancos y las eléctricas”. “Para que puedan jugar a la Bolsa, ocultando el coste de la generación de la energía. No es algo para tomárselo alegremente, se está jugando con el precio de la electricidad”, alertó al respecto.