El Grupo Unidos por el Canal, el consorcio de empresas liderado por Sacyr que se encarga de la ampliación del Canal de Panamá, no sólo cuenta con el contra aval de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) para ejecutar el proyecto, sino también de los organismos homólogos de Italia y Bélgica, según confirman fuentes del sector. Con ello, y tras el acuerdo con la Autoridad del Canal de anticipar 283 millones entre todos, se podrá evitar que las obras de ampliación del Canal de Panamá queden paralizadas mientras la Justicia aclara la situación.

El grupo adjudicatario de las obras de ampliación de la infraestructura panameña lo integra, además de Sacyr, por la constructora italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa. Por tanto, la concesión de estos contra avales, que refuerzan el otorgado por la aseguradora Zurich, es un procedimiento normal en los grandes proyectos internacionales. De hecho, también se ha concedido al grupo de empresas públicas y privadas adjudicatarias del AVE La Meca-Medina.

Los sobrecostes, son “imprevistos” normales

Respecto a los sobrecostes que, según el consorcio liderado por Sacyr, han surgido en la ampliación del canal panameño, las mismas fuentes los atribuyen a los «imprevistos» que suelen aparecer en estos grandes proyectos internacionales, como los que afrontaron la construcción del aeropuerto de Berlín o el túnel bajo el Canal de La Mancha, «en cuya construcción no participaron empresas españolas».

En el caso de la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, según apuntan dichas fuentes del sector, uno de los principales imprevistos ha consistido en la imposibilidad de utilizar el basalto del terreno para fabricar el hormigón «compacto e impermeable» que requiere la obra, en contra de lo inicialmente previsto.

Dichas fuentes rechazan que la adjudicación de las obras del Canal se realizara a un precio temerariamente bajo, dado que se cerró en 3.200 millones de dólares (2.353 millones de euros al cambio actual), «sólo» 200 millones de dólares inferior a los 3.400 millones de dólares (2.500 millones de euros) estimados por un organismo independiente para la Autoridad del Canal.

En este sentido, las mismas fuentes recordaron que las condiciones del concurso público internacional promovido para contratar las obras establecía la eliminación de las ofertas económicas que resultaran superiores a la que presentara la Autoridad del Canal. Este fue el caso de las propuestas económicas de los otros dos grupos que pujaron por la obra, que ofrecieron unos 4.100 y unos 6.000 millones de dólares (unos 3.020 y 4.411 millones de euros), respectivamente.

En cuanto a las ofertas técnicas, la presentada por Sacyr obtuvo la mejor puntuación, seguida de la remitida por el otro consorcio licitador español, lo que, según dichas fuentes, «constituye un triunfo para la ingeniería española».

El presidente de Sacyr, “optimista”

Tras superar las primeras dificultades, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que garantice la continuidad de las obras de ampliación, tras constatar avances en su primera reunión con el administrador de la infraestructura.

«Creo que hemos avanzado respecto a nuestras posiciones anteriores y somos optimistas respecto a que lleguemos a un punto de encuentro», ha expresado Manrique  tras el encuentro celebrado en Panamá.

En este primer encuentro, celebrado ayer martes, Sacyr planteó a la Autoridad del Canal que abone al consorcio un anticipo de 400 millones de euros (unos 293 millones de euros), frente al de 100 millones de dólares (unos 73 millones) ofrecido por la ACP. En ambos casos, el consorcio se compromete a aportar de su lado otros 100 millones de dólares.

El Grupo Unidos por el Canal, el consorcio de empresas adjudicatario de la obra, argumenta que con su petición de anticipo busca dar una solución de «largo plazo» a los problemas de liquidez que afronta el consorcio, hasta la culminación de las obras, actualmente ejecutadas en un 66%.

El planteamiento de Sacyr y sus socios pasa también por lograr moratorias y aplazamientos en los plazos de devolución de las cantidades adelantadas por la ACP con anterioridad.

De su lado, la Autoridad panameña gestora del gestor condicionó la aportación de fondos para culminar las obras del canal a que el consorcio retire el preaviso que formuló el pasado 1 de enero sobre la paralización de los trabajos el próximo 20 de enero en caso de que no se le reconozcan los sobrecostes que estima presenta el proyecto, que valora en unos 1.200 millones de euros.

Por el momento, el único acuerdo entre las dos partes es su disposición a «acudir a las instancias arbitrales previstas en el contrato para solucionar las reclamaciones» y a seguir negociando y acercando posturas.

La reunión de ayer martes fue el primer encuentro del grupo de constructoras y el Canal después de que el 1 de enero trascendieran la diferencias que les enfrentan sobre los sobrecostes de la obra y la eventual posibilidad de que se paralicen los trabajos.

El encuentro se celebró tras la reunión mantenida por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en la que surgió el compromiso a negociar de las dos partes.

La constructora italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa completan el grupo de empresas liderado por Sacyr que en julio de 2009 se adjudicó por un importe de 2.300 millones de euros el contrato de construcción del nuevo juego de esclusas del Canal, el mayor proyecto de ingeniería civil de la historia.  La conclusión del proyecto estaba inicialmente previsto para agosto de 2014, si bien la última fecha de finalización estimada es el primer semestre de 2015.

Salini Impregilo, pide más anticipos

A última hora de la tarde del miércoles un nuevo imprevisto ha venido a revolver las aguas en la continuación de las obras del Canal de Panamá, que tanto la autoridad panameña como el principal socio del consorcio (Sacyr) están intentando evitar. Este obstáculo ha sido puesto por el socio italiano Impregilo al reclamar anticipos de hasta 735 millones para acabar la obra, una petición que ya ha contestado diciendo que “queda fuera del marco de lo que se establece en el contrato”.