El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha aprobado en pleno extraordinario el inicio de acciones legales por supuesto incumplimiento del convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para la construcción de una estación de Cercanías en San Martín de la Vega.

   Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el Pleno ha aprobado (con el voto a favor del PP, el voto en contra de PSOE y la abstención de IU) la presentación de la reclamación administrativa en las consejerías correspondientes, tal y como se anunció hace semanas.

El acuerdo establece esta reclamación previa por vía administrativa y, en caso de no obtención de respuesta o que no se alcance un acuerdo satisfactorio, se procederá a la interposición de un recurso contencioso administrativo.

La alcaldesa de la localidad, Carmen Guijorro, ha explicado que entre el cierre definitivo y desmontaje de parte de la infraestructura se solicitaron los informes jurídicos que avalaran la acción judicial. En consecuencia, ha dicho que tras las fiestas navideñas se ha retomado este asunto «con la mayor celeridad».

Por otra parte, Guijorro ha lamentado la actitud de la oposición y les ha acusado de «hacer demagogia» en lugar de realizar acciones legales como planea el Consistorio.

La Comunidad estima que se cumplió el contrato

Por su parte, desde la Consejería de Transportes ya se remarcó anteriormente que el objeto del convenio con el Ayuntamiento era la construcción de una estación de Cercanías (prevista en un periodo de tres años) y su puesta en marcha. En consecuencia, consideran que el convenio «está cumplido» pues además la línea ha estado en activo durante 10 años.

Fuentes de la Consejería indicaron que el Consistorio tiene derecho a denunciar el convenio si así lo estima pero añaden que las acciones legales que se emprendan «no van a tener recorrido» porque el convenio se ha cumplido y se desarrolló.

El servicio de Cercanías en ese ramal se paralizó hace más de un año debido a la baja demanda que presentaba. Así, el coste anual del servicio alcanzaba los 3 millones de euros y se llegó a registrar una media de 190 viajeros diarios, lo que arrojaba una tasa de 16.000 euros por usuario.

  «No se justificaba la continuidad del servicio dentro de un sistema de transporte masivo como es Cercanías», relataron desde el departamento que dirige Pablo Cavero.

En este sentido, detallaron que se solicitó a Delegación del Gobierno que aumentara la vigilancia de la infraestructura aunque señalan que supervisar 15 kilómetros de vía tenía muchas dificultades.

Por tanto, se acordó con ADIF el desmontaje de la vía y aprovechar los materiales para el servicio, ya sea en la región a nivel nacional, de este ramal que ha estado operativo 10 años.