Más de 600.000 trabajadores disfrutan a diario de los vales de comida expedidos por las empresas. Unos pagos en especie que han comenzado a cotizar, como si se tratara de salario, a la Seguridad Social. Esta cotización hace temer a los emisores de los vales que las empresas reduzcan a partir de ahora el valor de las ayudas. Y exigen al Gobierno que reconsidere una norma que, dicen, pone en peligro la continuidad de 5.000 pequeñas casas de comidas.

La hostelería puso hoy el grito en el cielo contra la nueva contribución de los pagos en especie a las arcas de la Seguridad Social. La asociación de autónomos UPTA y la que agrupa a los emisores de vales de AEEVCOS ha reclamado al Gobierno que dé marcha atrás a la norma que obliga a cotizar al instituto de previsión social por nuevos conceptos como son los pluses de transporte, comida, seguros de salud, planes de pensiones, ayudas de estudios o formación, cheques guardería, acciones de la empresa, ayudas por vestuario o herramientas, entre otras.

Cerca de 35.000 restaurantes admiten estos vales de comida que se traducen en menús de entre 8 y 10 euros, recuerdan desde UPTA. Sin embargo, el mayor peligro se concentra sobre 5.000 de estos restaurantes. Estas pequeñas casas de comida tienen un carácter familiar, están regentadas por un autónomo y emplean a menos de tres personas. Un 25 por ciento de su facturación, muy vapuleada ya por la crisis, depende directamente de estos vales, según estiman

Por este motivo, los autónomos han exigido este martes al Gobierno que paralice el decreto ley que amplió el número de nuevos conceptos cotizables. Para ello, el Grupo Popular en el Congreso debería aceptar que la norma se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos introducir enmiendas y reducir así el efecto de la nueva cotización.

El sector de autónomos de la hostelería teme que la aplicación de esta medida produzca “una drástica disminución de su facturación, ya muy afectada por la crisis del consumo”, explica Cesar García, secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA, quien alerta de una posible pérdida de empleo y del riesgo de cierre de muchos de estos establecimientos.

En el caso de un menú de 9 euros, algunas estimaciones fijan en 2,7 euros el sobrecoste para las empresas por efecto de la nueva cotización. A ello hay que añadir la parte que paga el trabajador. En este caso, el trabajador tendrá que aportar 0,6 euros con lo cual verá reducida la ayuda a 8,40 euros.

Ante esto, los autónomos temen que las empresas hagan desaparecer estas ayudas de forma progresiva, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Otra opción, también temida, es que se reduzca el valor de los vales de comida hasta el punto de que no logren cubrir el precio medio de un menú, advierte García.

Por ello los emisores de vales de comidas, asociados en AEEVCOS, y los autónomos del sector de hostelería y restauración de UPTA, han exigido al Ejecutivo que rectifique las consecuencias del real decreto ley 16/2013. Según piden, la nueva norma debería tramitarse como proyecto de ley a fin de que las Cortes puedan enmendar la norma y corregir sus efectos.

Los cambios en los vales de comida “no cuentan con ningún respaldo social”, aseguran los defensores de un sistema que cuenta con casi treinta y cinco años de vida y que ha demostrado “su eficacia y buenos resultados sociales”, concluyen.