Según informó el Ministerio de Hacienda, esta actuación, al igual que la ya aprobada anteriormente en relación con los servicios de telecomunicaciones, se enmarca en las recomendaciones del informe de la CORA que propugna una ampliación de las categorías de bienes y servicios cuya contratación debería realizarse de manera centralizada.

Esta decisión, aprobada por Orden Ministerial, constituye el primer paso, asegura Hacienda, en el procedimiento de contratación centralizada que corregirá la fragmentación en la demanda existente, ya que cada órgano u organismo gestionaba de forma autónoma sus suministros, y alcanzará, a través de la agregación de la demanda, el objetivo de obtener ahorros.

El gasto estimado anual en estos suministros de combustible de la Administración General del Estado asciende a 98 millones euros al año, estando computados en esta cifra los descuentos obtenidos por los principales consumidores como el Ministerio del Interior (Policía, Guardia Civil y DGT) y el Ministerio de Defensa.

Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, el ahorro mínimo del contrato se estima en torno a 6 millones de euros para el periodo de 3 años de duración del mismo.

El descuento a ofertar por las licitadoras deberá ser como mínimo igual al mejor descuento ofertado actualmente a la Administración del Estado (el 6,5% sobre PVP, equivalente al 12% sobre precio antes de impuestos, obtenido por el Ministerio del Interior), el cual se aplicará a todos los entes, entidades y organismos del sector público estatal, que hasta ahora tienen descuentos inferiores.

Si los descuentos que se obtengan son superiores a ese 12%, por cada punto porcentual de descuento adicional el ahorro se incrementará en unos 700.000 euros.
Por otra parte, esta cifra también se vera aumentada -asegura Hacienda- conforme se vayan incorporando la totalidad de los entes del sector público estatal.

Todo este proceso será objeto de análisis y seguimiento por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la que se ha solicitado la emisión del correspondiente informe sobre los pliegos reguladores del procedimiento. La adjudicación de este procedimiento se prevé para principios del mes de mayo y la entrada en vigor se producirá a principios de julio de 2014.