El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto nuevo a las nuevas normas en materia de contratación pública y concesiones que, entre sus novedades, fija estándares comunes para asegurar una competencia justa e introduce criterios sociales y medioambientales para que la adjudicación de los contratos no responda únicamente a la oferta más competitiva.

   Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para trasladar a sus legislaciones nacionales todos los cambios, que incluyen también condiciones más estrictas para la subcontratación y las ofertas «anormalmente bajas». El objetivo es luchar contra el llamado ‘dumping social’ y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores.

Las nuevas normas, además, prevén medidas para reducir la burocracia de las empresas que quieran optar a las licitaciones y, en especial, aboga por mejoras para favorecer el acceso de las pymes a estos concursos en la UE.