El complejo sistema informático argumentado hoy por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hace temer a la oposición en el Congreso que el plan de empleo juvenil con fondos europeos que prevé ofrecer trabajo o formación a los ‘ninis’, los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, tarde un año en echar a andar en nuestro país.

La oposición denunció este jueves la tardanza con que el Gobierno prevé implantar en España el plan de garantía juvenil financiado con fondos europeos, y que pretende ofrecer a estos menores de 25 años una oferta de empleo, formación continua o prácticas en una empresa, en el plazo de cuatro meses desde que terminen sus estudios o se queden en el paro, según explicó este jueves la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Las pocas prisas con que el Ejecutivo -que presentó en diciembre a Bruselas los detalles del plan- prevé implantar en España el plan despertaron los recelos de los diputados en la comisión de Empleo después de escuchar este jueves las explicaciones de la ministra en torno a los problemas para crear un sistema informático “muy complejo” que coordine la actuación de las distintas administraciones con competencias en materia de Empleo (la administración central y las comunidades autónomas), y a las entidades educativas. “Eso hoy no es posible”, justificó la ministra.

Los diputados de la oposición, que criticaron con dureza la actuación del Gobierno en materia de empleo, censuraron al Ejecutivo la poca prioridad que en su opinión el Ejecutivo concede al problema del desempleo juvenil en España, el segundo país de la UE con mayor tasa de paro en este grupo edad solo por detrás de Grecia. Unos ataques de los que Báñez se defendió alegando que el Ejecutivo ha recibido alabanzas de los socios europeos a algunas de sus medidas de lucha contra el desempleo juvenil, cuya tasa supera el 50 por ciento.

En primer lugar, la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Lucio, denunció la escasa operatividad con que cuentan unos servicios públicos de empleo (SEPE) desbordados por la atención a los 4,7 millones de parados registrados y se preguntó quien evaluará a los beneficiarios del programa después de que el Gobierno despidiera hace meses a los orientadores que estaban contratados por estos servicios para dar atención personal a los parados.

Lucio intentó sin éxito recabar detalles sobre los plazos de implantación del programa -“no nos quedan claros”, lamentó- si bien pronosticó que tardará al menos seis meses en llegar a atender a sus posibles beneficiarios, jóvenes que no estudian ni trabajan de todas las comunidades autónomas salvo en el País Vasco, que es la única comunidad excluida al no superar allí el paro juvenil el 25 por ciento que requieren las autoridades europeas.

“Vuelven las escuelas taller”

“La sensación es que el plan no va a empezar a aterrizar hasta finales de año”, terció el portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, quien criticó además los contenidos del programa que el diputado catalán tildó de “continuistas”, según dijo en relación a algunas medidas, como las escuelas taller. “Vuelven las escuelas taller, instrumentos que quizás son de otra época”, censuró tras recriminar además al Ejecutivo que se reserve el 50 por ciento de los 1.880 millones de euros de dotación para los próximos dos años a pesar de carecer de competencias en el capítulo de políticas activas donde se insertan las medidas del plan español de desarrollo de la iniciativa de garantía juvenil.

Mientras tanto, el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, mostró su “sorpresa y escepticismo” al conocer algunas de las medidas previstas en el plan como el intercambio de información entre administraciones, algo que su grupo lleva años pidiendo y cuya ausencia da idea de lo poco que se ha hecho hasta la fecha, según dijo. “Los nuevos recursos no van a reforzar políticas existentes. Van a empezar a ahora a intercambiar información, van a empezara ahora a preguntar a los jóvenes”, lamentó abogando además por ampliar el perfil de beneficiarios hasta los 29 años, algo imposible, según le replicó Báñez, puesto que la limitación hasta los 25 años constituye una imposición europea.

También Joan Coscubiela, quien mantuvo un agrio rifirrafe con el diputado ‘popular’, Rafael Merino, a cuenta de una observación de Coscubiela sobre la condición de mujer de la ministra, que Merino encontró “machista”, recriminó al Gobierno su tardanza en aplicar este plan juvenil. Según el diputado de la Izquierda Plural, “el Gobierno ejecuta los ajustes a velocidad de guepardo y a paso de tortuga los incentivos al empleo juvenil”. “Llevan seis consejos europeos paseando esos 6.000 millones”, le espetó Coscubiela a la ministra en referencia a la dotación total del programa europeo, ampliable a 8.000 millones.

España, modelo en la lucha contra el paro juvenil, según la ministra

En su turno de réplica, sin embargo, la ministra se aferró a las fechas de presentación del plan si bien eludió ofrecer más precisiones sobre los plazos reales en los cuales el programa estará en la calle. Tan solo dijo que los servicios de empleo dispondrán de cuatro meses para atender a los jóvenes que se registren en el plan a través de una aplicación informática.

“Nosotros hemos presentado el programa a tiempo”, reiteró la ministra, quien llegó incluso a presumir de haber ido “por delante” del resto de países europeos en el contenido de un plan anterior llamado Estrategia de emprendimiento y empleo juvenil, y cuyas medidas, dijo, han elogiado algunos de los socios europeos. “Por primera vez España llega a tiempo y es ejemplo en sus medidas de empleo juvenil”, sentenció.

La ministra justificó que sea el Gobierno central el que va a gastar la mitad de lo presupuestado a pesar de que carece de competencia en la materia. Por su parte, las comunidades autónomas gastarán la otra mitad de esa dotación aunque deberán elegir sus medidas de un conjunto de políticas plasmadas en un catálogo común ya que, dijo Báñez, “este es un objetivo de país”.

Bruselas no cede y la ayudas computarán como déficit

Sin embargo, según informó la ministra, el Gobierno español no ha conseguido que las instituciones europeas -la mitad de la financiación proviene del Fondo Social Europeo (FSE)- conceda un adelanto de fondos a los gobiernos nacionales más allá del 1 por ciento comprometido, y será el Gobierno español, junto a las comunidades autónomas -especificó la ministra- los que tengan que buscar los recursos para invertir en la “formación” de los jóvenes, añadió, para advertir después que el Ejecutivo de Rajoy tampoco ha logrado que Bruselas abra la mano y permita descontar estas ayudas del cómputo general de déficit, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.

En su réplica, Fátima Báñez matizó que aunque la aplicación informática que coordinará la política central, regional y educativa españolas, no esté lista hasta dentro de meses, podrán financiar iniciativas ya a partir de este mes de enero, dijo sin ofrecer mayores precisiones. “Aunque tarde en implementarse el sistema informático, podrán realizarse actuaciones desde el presente mes de enero”, zanjó.