El Gobierno prosigue en su pulso a los empresarios. El secretario de Estado de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se ha mostrado inflexible en su afán por taponar una “vía de agua” por la cual escapaban los ingresos de la Seguridad Social. Además, Burgos ha replicado al Congreso, que ayer cargó contra la nueva medida, afirmando que estos pagos estaban previstos en el Pacto de Toledo.

El Gobierno no retirará el real decreto que obliga a cotizar por conceptos antes excluidos como los cheques restaurante o guardería, los planes de pensiones, los pagos en acciones, entre otros. Según confirmó el máximo responsable de la Seguridad Social, el Ejecutivo busca cortar de raíz una práctica creciente, como es la de derivar parte del salarios a estos conceptos, excluidos de cotización.

En su alegato, Burgos ha afirmado incluso que “muchas empresas” han llegado a retribuir el 100 por cien del salario del día a sus trabajadores mediante estas prestaciones. Para el secretario de Estado este es un problema que iba a más, ha dicho, tras defender el fin de estas prácticas que calificó de “ingeniería retributiva”.

Burgos ha recordado que los trabajadores se beneficiarán de las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, en forma de un incremento de la pensión o de las prestaciones por desempleo o por incapacidad temporal.

Pero no todos lo ven así. Este viernes la Federación Española de Industrias de la Alimentación y las Bebidas mostró su preocupación por las consecuencias “negativas” que tendrá sobre la industria el aumento de las cotizaciones. Una petición que se suma a la CEOE que el miércoles exigió al Gobierno la retirada del real decreto, cuyos efectos encarecerán en un punto sus cuotas a la Seguridad Social, según presumen.

Las empresas retirarán los beneficios sociales

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Algunos creen que la nueva cotización supondrá la pérdida de estos beneficios sociales, como cheques restaurante o ayudas al transporte. “Los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo”, afirmó el jueves en el Congreso la diputada socialista, Isabel López i Chamosa. “Esto significa una bajada más de salarios”, zanjó.

Otros denuncian lo “inoportuno” de la medida que coincide con el inicio de la recuperación. “Podemos compartir el principio general, pero eso debería hacerse de forma gradual”, señaló el diputado de UpyD, Álvaro Anchuelo, quien criticó además la manera en que se aprobó el real decreto 16/2013 “por sorpresa, aprovechando las fiestas navideñas, sin consultar a los agentes sociales”.

Hay en cambio quien se opone a que se graven algunos conceptos como los planes de pensiones. “Es ilegal que el Gobierno expropie” las aportaciones voluntarias de las empresas a los planes de pensiones, cargó el diputado del PNV, Emilio Olabarria. “Convierten esas aportaciones en parte del salario cuando no lo es”, clamó, pidiendo al Gobierno que reflexione sobre este punto.

Para Carles Campuzano, de CiU, la medida incrementa los costes de contratación y supone un “desincentivo” a la creación de puestos de trabajo, a pesar de que el principal problema de España es el paro.

Sin embargo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió ayer jueves la medida con el argumento de que las empresas deben hacer su política social “con cargo a sus beneficios” y no con cargo a los sistemas de protección social.