Tras la intervención de la Rural de Mota del Cuervo y su posterior venta a Globalcaja, pese a que la asamblea general de socios de la entidad conquense rechazó integrarse en ella, al Banco de España le estalla otro conflicto en el sector. La Caja Rural de Extremadura, que salió del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, el Sistema Institucional de Protección (SIP) creado con la Rural Sur y la de Córdoba, se niega a hacerse cargo de las pérdidas de esta fusión virtual en el pasado ejercicio.

La ruptura del SIP, provocada por las presiones del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, fue autorizada por el Banco de España y, aparentemente, era amistosa, como anunciaron los presidentes de la rural extremeña, Román Prieto, y de la sevillana, José Luis García Palacios, ante los medios de comunicación en Mérida (Badajoz) en abril de 2013.

El Banco de España ha exigido a las dos entidades resolver este conflicto antes de febrero, o impondrá una solución vía laudo de obligado cumplimiento. La Rural del Sur y la de Córdoba, que entretanto se han fusionado, renunciaron en su momento a aplicar una cláusula del contrato del SIP por abandonarlo, y que se cifra en 24 millones de euros.

Pero la Rural del Sur reclama 12 millones de euros a la de Extremadura por las pérdidas del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito en 2013. Una reclamación que Román Prieto califica públicamente, a través de una entrevista en el programa “Primera Página” de Canal Extremadura Televisión, como «chantaje».

El presidente de la Rural de Extremadura argumenta que esta entidad no tuvo pérdidas en el pasado ejercicio, por lo que los números rojos del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito corresponden a la Rural del Sur. «Es la única entidad del Grupo Ibérico que en los últimos 30 años nunca jamás ha tenido pérdidas, ni a pesar del propio SIP», resalta. Y que el SIP no mutualizó los beneficios en 2010 y 2011, por  lo que carece de sentido que ahora pretendan hacerlo con las pérdidas.

“Sabiendo nuestras ansias y nuestra necesidad de independencia, creen que de alguna manera si empiezan por 12 millones, al final en una negociación se puede quedar en seis millones, o en cinco millones. Sencillamente es un chantaje”, insiste Román Prieto.

Reconoce que «efectivamente hay que hacer cuentas» para la salida del SIP, pero deja muy claro que la Rural de Extremadura «no va a soportar pérdidas» de la andaluza «ni en un céntimo de euro». Y recuerda que la asamblea general de socios del 28 de diciembre aprobó no pagar indemnización a la Rural del Sur por la ruptura del SIP.

«La última palabra en cuanto a la salida del SIP la tiene el Banco de España», pero «la principal palabra» en la Rural de Extremadura la tienen sus socios, señala Román Prieto, en lo que se ha interpretado como una forma de presionar al supervisor.

«Lo que decida el Banco de España será finalmente lo que todos aceptemos», precisa el presidente de la Rural de Extremadura, que «no contempla» que el supervisor pueda decidir que la entidad tenga que compensar a la del Sur.

Evitar que acabe en los tribunales

Las posturas de las dos cajas rurales están muy enquistadas, y el Banco de España quiere evitar que un conflicto entre dos entidades financieras acabe en los tribunales, retrasando durante mucho tiempo la solución del problema. Al mismo tiempo, pretende evitar un deterioro de la situación de la Rural de Extremadura.

Los directivos de esta entidad se quejan de que, al permanecer todavía en el Grupo Ibérico, las decisiones comerciales, sobre créditos o sobre la plantilla “se siguen tomando en Sevilla”. El conflicto con la rural sevillana ha provocado una práctica paralización de la extremeña.

Mientras tanto, la otra rural extremeña, Cajalmendralejo, aprovecha y conquista posiciones en la región, y fuera. Integrante del Grupo Solventia (junto a las rurales de Utrera, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya y Adamuz) y del accionariado del Banco de Crédito Cooperativo impulsado por Cajamar, avanza en la intregración de las 15 sucursales, 12 de ellas en Extremadura, adquiridas al Banco Caixa Geral, y que le suponen más de 10.000 clientes y un volumen de negocio superior a los 200 millones de euros. De esta forma, refuerza su posición en Extremadura, donde pretende convertirse en la entidad de referencia.