Cuando está a punto de cerrarse las cuentas del pasado ejercicio, en el balance de ACS existe una partida que tiene un complejo tratamiento al no conocerse cuál va a ser su futuro. Se trata de su presencia en el almacenamiento de gas de Castor, ubicado en el Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona. Por más que en Escal, la sociedad adjudicataria y propietaria de la infraestructura, el grupo que preside Florentino Pérez posea el 66% de las acciones, su estrategia actual apunta a que ACS no es el último responsable de este proyecto.

La inversión acumulada en Castor asciende a 1.800 millones de euros, pero los problemas surgidos de seísmos en la zona después de inyectarse gas, hace que la planta no cuente con ningún futuro. Es una cuestión conocida por los políticos de los ayuntamientos de la zona, a los que tanto PP como CiU han asegurado que la infraestructura va a cerrarse, si bien oficialmente se está a la espera del informe técnico que llegará a manos del Ministerio de Industria en los próximos meses, previsiblemente después del verano.

El ministerio que dirige José Manuel Soria no tiene prisa por tomar una decisión oficial al respecto, cuando todavía tiene abiertos temas en el sector eléctrico y en el gasista, pero fuentes consultadas ratifican que la determinación está tomada. Y es que ningún informe técnico va a asegurar al 100% que nuevas inyecciones de gas no produzcan movimientos sísmicos adicionales, ya sea por fallas conocidas o no detectadas en los mapas del Instituto Geológico o por errores en la construcción de la planta.

Esta especie de limbo en el que encuentra Castor repercute en ACS, en la visión de su auditora respecto al tratamiento que debe darse a esta inversión, así como en de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una situación que podría desembocar al final en que la inversión acumulada tenga que ser asumida por el Estado, si bien es conocida la capacidad del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para eludir nuevas cargas a los presupuestos y con los abogados del Estado trabajando también para evitar las cargas.

Tampoco, en principio, iría a gravar las tarifas del gas al ser una infraestructura que no ha entrado en funcionamiento. Una posible solución intermedia pasaría por abonar a Escal los intereses de la deuda asociada y que la planta entre en una especie de moratoria. De esa sociedad también forma parte la canadiense Dundee Energy que tampoco ha provisionado su posición.

En este contexto ACS ha intentado trasladar las obligaciones en Castor a Enagás, señalando además de forma unilateral que la planta podrá entrar en funcionamiento en 2014. El grupo presidido por Florentino Pérez argumsnta que, en el momento en el que Castor alcanzó un grado sustancial de avance, inició «procesos de negociación para la venta total de su participación». Y ha indicado que la entrada en funcionamiento de Castor «obliga» a Enagás a la compra del 50% de la participación de ACS.

Una posición contestada por el grupo que preside Antonio Llardén que aclara que no tiene participación en Escal ni está implicada en la «construcción y operación» de los activos de esta sociedad.

Antes de este conflicto, ACS cerró una emisión en Luxemburgo por importe de 1.400 millones de euros a 21,5 años y a un cupón de 5,756% para financiar el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. La emisión fue suscrita en más de un 80% por inversores extranjeros, con participación del programa PBCE (Project Bond Credit Enhancement) del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Los interrogantes en la planta se unen a algunos sistemas de contabilización de la deuda de la constructora que han sido cuestionados en ocasiones por la CNMV, como ‘retirar’ de la deuda acumulada del grupo la asociadas a activos puestos a la venta por más que después se retrasen algunas desinversiones y no se cumplan los calendarios.