La economía sumergida se situó en 253.000 millones de euros al finalizar 2012, lo que supone el 24,6% del PIB, según recoge el informe «La economía pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis» presentado este martes por la organización Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardá de la Unversitat Rovira i Virgili.

Esa cifra supone casi 60.000 millones de euros más respecto al comienzo de la crisis, en 2008, en concreto 59.509. Así, según el estudio la economía sumergida ha pasado de suponer el 17,8& del PIB en 2008 al citado 24,6% en 2012.

Por su parte el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como dos dos ejercicios siguientes juntos.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, el fuerte incremento de la economía sumergida en España se ha debido en gran medida al efecto «arrastre» provocado por el «boom» inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a ese sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera así como el repunte del desempleo.

A ello le siguieron otra causas, añade el estudio, que han influido decisivamente en el aumento del fraude como el fuerte incremento del paro, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial. Junto a ello cita la moralidad de la sociedad española, que tiende a justificar cierto nivel de fraude fiscal.

Otro de los factores, según recoge el informe, ha sido el masivo uso de billetes de 500 euros en España, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido de los defraudadores para saldar operaciones al margen de Hacienda.

Grave problema de moralidad

El informe resalta como otro de los factores por los que España tiene este alto nivel de economía sumergida -cercano a Italia e inferior a Portugal y Grecia pero sensiblemente por encima de los países de nuestro entorno como Alemania o Francia- es la existencia de un «grave problema de moralidad con el pago de impuestos».

Según Gestha, eso complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, solo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles en cuanto al volumen de economía sumergida, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es «muy difícil» bajar de tasas de entre el 65 y el 85 del PIB, dado que hay actividades económicas que no sería  rentables si se legalizasen.

Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha, el mayor porcentaje de fraude

Según el análisis territorial del fraude que recoge el informe, el mayor  el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.

En porcentaje del PIB las comunidades con mayor fraude en 2012 fueron Extremadura (31,1%), Andalucía (29,2%) y Castilla-La Mancha (29,1%). Por el contrario, las que menos tuvieron fueron Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%).

Entre las dos se situaron Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla y León (26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%),  Galicia (25,6%), Baleares (24,8%), Cataluña (24,1%) y La Rioja (24,1%). El estudio no recoge los datos del País Vaco y Navarra que tienen un régimen foral.

El estudio también alerta del peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país.

Este fenómeno lo explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta provincia mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías. El fenómeno es similar en Barcelona y a su escala en las capitales de provincia.

Volviendo a Madrid, el estudio recuerda que en esta región tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, «muchas de las cuales -dicen los Técnicos de Hacienda- eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales».

Se ensancha la brecha entre provincias

El estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de «vacas flacas» ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial.

Propuestas de Gestha

Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. .

Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única.

Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva, añaden sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.

Para hacer frente a la reducción de la economía sumergida y tras denunciar la «falta de voluntad política para luchar contra el fraude», en la presentación del estudio los responsables de Gestha apelaron también a la necesidad de alentar la conciencia ciudadana sobre esta lacra, aprovechar la reforma fiscal para aprobar un sistema tributario que consagre el principio del pago de impuestos según la capacidad económica, un mayor control del gasto público, cambios impositivos para reducir la ingeniería fiscal de las grandes empresas y limitar a 1.000 euros el pago en efectivo son otras de las propuestas que realiza Gestha.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, lamentó que los últimos acontecimientos de la Agencia Tributaria demuestran que no se trata a todos los contribuyentes por igual.

Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, considera que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude”.