El informe final de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) sobre España advierte sobre que la debilidad de la economía española continúa siendo el principal riesgo para la banca. «La recuperación económica sigue siendo frágil mientras se abordan los desequilibrios y está sujeta a riesgos internos como un cambio en el actual entorno financiero global benigno y la ralentización de los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica, zona a la que las empresas españolas están particularmente expuestas», subraya.

«Pese a los brotes verdes, los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos y los esfuerzos de recapitalización», insiste el informe.

Por tanto, el Gobierno español no debe relajarse con la corrección del déficit y con las reformas. «El pleno respeto de los objetivos acordados de consolidación fiscal y la finalización de la agenda de reformas sigue siendo imperativo para devolver la economía a una senda sostenible y consolidar la recuperación de la confianza», señala el documento

«El alto déficit debe reducirse para detener y revertir el crecimiento del nivel de deuda pública. Esto requerirá una determinación inquebrantable en los próximos años», subrayan la Comisión Europea y el BCE.

Concretamente, Europa exige al Gobierno que apruebe la «retrasada» ley sobre servicios profesionales, las reformas en marcha sobre la Administración pública, la revisión del sistema tributario y «un refuerzo adicional de las políticas laborales».

España sigue en vigilancia

La Comisión y el BCE recuerdan que, pese al fin del rescate bancario, seguirán vigilando la situación de España, tanto la del sector financiero como la de la economía. Bruselas enviará dos misiones al año a Madrid hasta que se haya devuelto al menos el 75% de los 41.300 millones de euros del rescate, mientras que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), mantendrá la vigilancia hasta el reembolso del 100%.

Mientras, llaman la atención del Gobierno porque las diferencias entre las legislaciones nacionales y autonómicas para limitar el impacto de los desahucios, y la «inseguridad jurídica» sobre las reglas que hay que aplicar en cada caso, «podría pesar en el valor de las hipotecas y la estabilidad de los mercados financieros». Esta situación puede repercutir en los balances y las necesidades de provisiones de entidades financieras, en el flujo de crédito y en el funcionamiento de la Sareb.

«La unidad del mercado de servicios financieros en España es clave para preservar la eficiencia y estabilidad del sector financiero», argumenta el informe. «Como se ha demostrado con algunas de las leyes regionales adoptadas el año pasado, que tenían como objetivo aliviar los problemas sociales relacionados con los desahucios, estas iniciativas a menudo crean inseguridad jurídica adicional y no ayudan a reactivar el mercado inmobiliario y la entrada de inversores, especialmente los extranjeros», añade.

La Comisión y el BCE recomiendan revisar la legislación sobre insolvencia personal y protección de los consumidores, con un equilibrio adecuado entre los derechos de deudores y acreedores. «Debe reevaluarse cuidadosamente la eficacia de medidas temporales que se han puesto en marcha respecto a la insolvencia personal (como condonaciones parciales de deuda), así como medidas para reforzar la protección de los consumidores (como topes en los tipos de interés de penalización)”, precisa.

Para evitar nuevos escándalos como el de las preferentes, los inspectores de la Comisión Europea y del BCE recomiendan continuar los esfuerzos para «identificar y mejorar el proceso de venta a clientes minoristas de cualquier instrumento no cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos”, lo que “implica mayor transparencia sobre las características de estos instrumentos y sus riesgos», apuntan.