El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) gastó unos 1.373 millones el año pasado en abonar deudas salariales e indemnizaciones por despido de empresas privadas. Es la primera caída (un 10 por ciento) del gasto desde el año 2005. Sin embargo, la rebaja en la factura no alivia la situación de caos administrativo denunciada por los sindicatos, que anuncian movilizaciones.

El Fogasa cumplió con lo previsto y gastó el pasado año un total de 1.373 millones. Encargado de restituir salarios a trabajadores de empresas insolventes, una parte del gasto sirvió también ayudar a empresas ‘sanas’ a afrontar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos cuando se trata de empresas con menos de 25 empleados. En esta función de abonar ocho días por año trabajado de indemnización, el Fogasa pagó cerca de 300 millones.

La mayor parte de los 235.000 beneficiarios del Fogasa el año pasado corresponden a estas indemnizaciones por despido; en concreto, más de 96.000. El resto de prestaciones se reparte entre ejecuciones laborales, más de 60.000, y procedimientos concursales (la antigua suspensión de pagos), con casi 80.000.

La cuenta del Fogasa venía hinchándose desde el año 2006. Tan solo en los últimos seis años, el gasto en prestaciones se multiplicaba por cuatro. Así, si en 2007 sumaba algo más de 380 millones, la factura trepó a 434 millones un año después, superó en 2009 los 833 millones, y registró su mayor salto al año siguiente, ya en 2010, cuando la cuenta rebasó los 1.287 millones de euros.

“Ni comparece ya en los juzgados”, según UGT y CCOO

Sin embargo, este año el Fogasa se ha visto relevado en una de sus funciones principales. Por orden del Gobierno de Rajoy, el organismo ha dejado de pagar estas indemnizaciones por despido de empresas no insolventes. Con todo, la carga de trabajo se antoja “insostenible”. Según explican desde CCOO y UGT, la plantilla del ente afronta un aluvión de expedientes que se ha multiplicado por cuatro desde el año 2007.

Los sindicatos aseguran que 180.000 expedientes se acumulan sin resolver en los estantes del Fogasa, a pesar del mandato legal de solventar los procedimiento en menos de tres meses. Según las centrales, “la situación es tal que ni se comparece en los procedimientos judiciales, ni se contesta a los emplazamientos de los mismos”.

Contra la falta de medios, las centrales se movilizarán el próximo 13 de enero, ante una situación que califican de “insostenible y dramática”. Según denuncian, la carga de trabajo ha pasado de 39.000 expedientes resueltos en 2007 a casi 155.000 en 2013.