La mayor proximidad en el tiempo del déficit tarifario -que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados- ha desplazado desde hace años otro ‘agujero’ que ha impactado sobre el sistema électrico: la compensación a las empresas que se vieron afectadas por la moratoria nuclear. No obstante, el efecto se mantiene como una factura pendiente.

En este contexto la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha realizado un informe sobre el ‘estado de la cuestión’, desde el dinero con el que cuenta el fondo a las indemnizaciones que ya se han pagado y las que quedan por abonar.

Tras la llegada al Gobierno del PSOE en 1982 se congeló el programa de inversión en centrales de energía nuclear. La moratoria se aprobó en 1984, siendo posteriormente suspendidas definitivamente en 1991 la construcción de siete plantas (Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodela y Sayago). El impacto se cifró entonces en 730.000 millones de pesetas.

En este contexto, la dirección general de Política Energética y Minas ha aprobado el pago de 68,335 millones de euros para la compensación anual correspondiente a 2013 de los proyectos de centrales nucleares paralizados La compensación se distribuye entre las centrales nucleares de Lemóniz, de Iberdrola, a la que le corresponde una anualidad de 35,6 millones de euros; a  la central de Valdecaballeros, con 31 millones, y a Trillo II, con más de un millón de euros.

Estas cantidades, correspondientes al año 2013, se deben a desinversiones, así como a los gastos incurridos como consecuencia de los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre de las instalaciones de las citadas  plantas. El importe pendiente de compensación con estas tres centrales asciende a 250 millones de euros, de los cuales 130,6 millones corresponden a Lemóniz, 116.08 millones euros a Valdecaballeros y 3,7 millones a Trillo II.

Economía autorizó las condiciones de cesión del derecho de compensación a Iberdrola, Sevillana (actual Endesa), Fenosa y Endesa a través del fondo de titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear en 1996 por su condición de propietarios de los proyectos de construcción paralizados.