La crisis abierta en el Canal de Panamá por los sobrecostes de 1.200 millones de euros en la ampliación de la tercera esclusa, en la que no terminan de llegar a un acuerdo el consorcio impulsado por Sacyr y la Autoridad que gestiona esta infraestructura clave en Centroamérica, está teniendo víctimas colaterales. La Superintendencia de Bancos de Panamá, que se encarga de la supervisión de las entidades financieras que operan en el país, reconoce que la situación está afectando ya a éstas.

El responsable de la Superintendencia, Alberto Diamond, admite públicamente que los problemas existentes en la ampliación del Canal generan un riesgo para la banca panameña. El análisis del supervisor parte de que muchos bancos locales están financiando a las empresas que trabajan en esa zona, además de las que se encargan de las subcontratas relacionadas con las obras de la ampliación.

De hecho, Diamond ha ordenado a la Superintendencia de Bancos de Panamá que extreme los controles sobre la situación real de las entidades financieras que operan en el país. Y ha recomendado a éstas que se mantengan alertas y tengan en todo momento monitorizadas y bajo control todas sus relaciones con las empresas que tienen intereses en el Canal.

Las negociaciones tripartitas entre Grupo Unidos por el Canal, consorcio formado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (Cusa), la Autoridad del Canal de Panamá, y la aseguradora Zurich, depositaria de la fianza de 400 millones de dólares (más de 295 millones de euros), afrontan un nuevo vencimiento, fijado para el sábado, 1 de febrero, aunque se ha ampliado hasta el 4. En el único punto en el que hay acuerdo es que Zurich puede aportar liquidez que desatasque la situación, a través de los 400 millones de dólares, pero la aseguradora quiere que las obras se terminen en las fechas previstas.

A la Superintendencia de Bancos de Panamá le interesa que se llegue a un acuerdo, porque así no se deteriorará la situación de las empresas, especialmente de las subcontratas, con actividad en la zona, y tampoco la de las entidades que están financiando a éstas.

Problemas con Venezuela y Colombia

La Superintendencia de Bancos de Panamá no sólo está preocupada por el Canal. La Zona de Libre Comercio, de importancia estratégica para el país, está sufriendo los efectos de una tasa impuesta por el Gobierno colombiano a las importaciones al calzado y a los textiles. Esta tasa se basa, según las autoridades de Colombia, en la necesidad de frenar el contrabando procedente de la zona franca de Panamá.

El gobierno de Panamá demandó a Colombia en junio de 2013 ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), al considerar esa tasa un trato discriminatorio, y el asunto está todavía en fase de tramitación.

Otro problema que afecta a la banca que opera en Panamá consiste en las dificultades que tienen las empresas con operaciones de comercio exterior para cobrar de Venezuela por las compras de bienes y servicios. Aquí la causa está en la escasez de divisas que sufre la República Bolivariana de Venezuela, agravada por la gestión que realiza el Gobierno de Nicolás Maduro.