La ruptura de las negociaciones que tenían como objetivo alcanzar un acuerdo que permitiera concluir la construcción de la ampliación de Canal de Panamá ha caído como un jarro de agua fría en la Bolsa, en donde Sacyr -que lidera el consorcio que se adjudicó la tercera esclusa de la infraestructura marítima- ha registrado pérdidas cercanas al 7%.

Después de un mes de negociaciones y de una jornada maratoniana, la de ayer martes 4 de febrero, el pacto no ha sido posible pese a las positivas perspectivas existentes. El citado encuentro, que marcaba el fin del plazo que se dieron Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y Autoridad del Canal de Panamá para las negociaciones, acabó sin acuerdo y está siendo la antesala de nuevas incertidumbres.

El día después del fracaso de la vía del diálogo las informaciones desde Panamá apuntaban a que ACP va a optar por hacerse cargo de la ampliación, con el respaldo de empresas estadounidenses. Por dos razones: porque EE UU está muy interesado en ampliar la comunicación entre el Pacífico y el Atlántico por sus necesidades comerciales y porque las constructoras de ese país, como, por ejemplo, Bechtel, no desean que las europeas ocupen lo que consideran su espacio natural. Para EEUU, Centroamérica se mantiene en gran medida como su ‘patio de atrás’.

Sin embargo, a primera hora de la tarde este miércoles (hora española) el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, explicó las causas por las que no se ha podido llegar a un acuerdo. En su opinión, el consorcio ha mantenido «una posición inflexible” y que quería seguir negociando fuera del contrato firmado entre ambas partes.

El administrador del Canal especificó que examinarán los pasos legales a dar y así determinar que si sus opciones son correctas, es decir, «que están dentro del contrato».  Y si bien uno de los objetivos es que no se detenga la obra por mucho tiempo, no dio detalles de las empresas que estarían interesadas en terminar las obras, aunque admitió de que hay compañías que han ido a ver la ampliación para ver en qué estado están los trabajos. La administración sí cuenta con un ‘plan B’, aunque añadió que lo importante es seguir adelante «con o sin ellos”.  Una vorágine de litigios es otro twema que hace que las espadas sigan en alto

Mientras, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique afirma que no se ha podido seguir otra estrategia y que se mantiene abierto al diálogo. Manrique ha asegurado que la ACP ha rechazado la ultima propuesta del consorcio -integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- sin aportar alternativa viable para el consorcio. «Nosotros no pretendemos que los costes imprevistos sean soportados por ACP sino los que determinen los arbitrajes y el DAB según figura en el contrato», ha subrayado.

En este línea, GUCP señala que la ruptura de las conversaciones se ha hecho de forma unilateral por los gestores del canal que son, en definitiva, los representantes del Ejecutivo panameño. Mientras, desde el país centroamericano se da más por hecho que el tiempo para el pacto ha expirado y se ‘presume’ que cuenta con un plan B.

Sacyr, que en la sesión del martes había subido un 6,19% ante la perspectiva de un inminente acuerdo, se dejó al cierre cerca del 7% hasta los 3,57 euros. Y en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo que preside Manuel Manrique señala que sin un plan de financiación no es posible concluir las obras, que ya están realizadas al 70%. También recuerda que un tema es la necesaria aportación de liquidez y otra es la solución a los costes adicionales, tema que se dirime en los tribunales.

Si bien las diferencias entre el presupuesto inicial con el que el consorcio ganó el concurso y los costes adicionales que fueron emergiendo se conocen desde hace muchos meses, la crisis estalló el 1 de enero, cuando GUPC advirtió a ACP que iba a paralizar la ampliación si no se producía una aportación de fondos. Ahora, otra de las acusaciones de los gestores es que el grupo constructor ha paralizado las obras. Por su parte Sacyr contraataca con un  dato: la falta de acuerdo pone en peligro 10.000 empleos.

El consorcio había cuantificado los sobrecostes en 1.600 millones de dólares y que estos se deben básicamente a condiciones geológicas imprevistas, y que su financiación había llevado al consorcio a unos problemas de difícil solución para cualquier empresa. Los fondos se quieren destinar a gastos adicionales y extracostes que, según reiteran las constructoras, se deben a «condiciones geológicas imprevistas». El comunicado a la CNMV destaca que su propuesta técnica es la mejor de las presentadas al concurso.