Con la futura Ley del juego a punto de aprobarse, el Gobierno también quiere aprovechar su decisión de “privatizar” el 30% de las Loterías y Apuestas del Estado (LAE), algo que según su director general, Gonzalo Fernández Rodríguez, podría realizarse a través de una salida a Bolsa en el entorno del verano.

Dicha salida Bolsa estaría dirigida a inversores privados con el único requisito de que no “intervengan en la gestión”, aunque sean empresas del sector como Cirsa o Codere, dado que la intención es no contar con socios industriales ni operadores nacionales ni internacionales.

Argumentos hay más que de sobra para realizar esta operación. Tanto por volumen, como por la voluntad de oferta y de la entidad de dar participación en el capital a la red de ventas. Para Fernández Rodríguez se trata de “algo natural” que estos objetivos se puedan realizar a través de una salida a Bolsa.

Paso previo a esta operación sería la constitución de la sociedad, fijar su capital inicial y su valoración, según precisó el director general de LAE. Después se decidirá si se hace a través de una OPV (oferta pública de venta) u otro de los mecanismos existentes en el mercado. De momento, el director general aún no tiene una valoración de la sociedad que se creará.

La idea del Gobierno, una vez decida la “privatización” del 30% es convertir la sociedad estatal en un ente. La fecha límite para la transformación de LAE de entidad pública empresarial a sociedad es el próximo 31 de marzo, tal y como aparece en el borrador de la futura Ley del Juego.

La decisión es tan firme que incluso ya se han puesto en contacto con las posibles entidades colocadoras de las acciones, tanto de ámbito nacional como internacional.

Cabe recordar que el organismo de Loterías y Apuestas del Estado aportó a las arcas públicas en 2009 alrededor de 3.000 millones de euros, y en el mercado circulan rumores de que el Estado podría ingresar por esta “privatización” del 30% entorno a unos 3.500 millones, cantidad que ya tiene un destino concreto: reducir el déficit público.

Los loteros, en contra

Desde que se conoció la noticia, las organizaciones de loteros han mostrado su más absoluto rechazo a esta operación. La Mesa de Asociaciones del sector considera que se van a perder bastantes puestos de trabajo, e insisten en la necesidad de la titularidad pública, aunque sí están de acuerdo con que haya una Ley de Juego.