El Gobierno espera aprobar el 4 de febrero la futura Ley del Juego

28/01/2011

M. V. R.. Las comunidades recibirán la recaudación total de los tributos que se apliquen a los nuevos juegos y podrán elevar hasta un máximo del 20% los impuestos para los juegos gestionados por operadores con domicilio fiscal en su territorio.

El Consejo de Ministros del próximo viernes, 4 de febrero, podría dar por fin su visto bueno definitivo a la privatización del 30% de las loterías y apuestas del Estado, además del anteproyecto de ley del juego. Todo parecía indicar que sería en el último viernes de enero en el que se aprobaría, pero el acuerdo en pensiones con los agentes sociales y el prometido anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones ha dejado en segundo plano todo lo demás.

En el borrador del anteproyecto de ley figura la nueva regulación del juego en España. También incluye cómo tributarán las ganancias procedentes del juego. En este sentido, se establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.

El borrador concreta que las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.

Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las comunidades de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20% para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.

Mismas reglas de juego

El Gobierno ha optado por fijar una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.

También se obligará a los operadores a realizar una «gestión responsable del juego», lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.

En el borrador, que aparece en la página de internet de Loterías y Apuestas del Estado, también se prohíbe cualquier tipo de juego que «atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente».

Recaudación para las autonomías

El Ejecutivo tiene previsto que la totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas ‘online’, previstas en el proyecto de la Ley del Juego, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según confirmó recientemente el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, quien concretó que “el Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso”.

En concreto, sobre los nuevos impuestos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, la idea del Gobierno es crear un marco tributario “claro y suficiente” para que pueda existir ese mercado.

Una vez que el Consejo de Ministros dé su visto bueno, está previsto conceder las primera licencias a aquellas empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas “online” en España este mismo año, aunque no tributen en España debido a que tienen su sede en otros países y, además, porque en España todavía no hay ninguna regulación que contemple las apuestas a través de internet. Se calcula que el 85% de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España al extranjero, en tanto que el 15% restante se juega en España.

Con la futura ley se intenta poner un poco de orden y dar legalidad a las nuevas formas de juego surgidas, aunque también se pretende respetar el “status quo” del sector. Otro factor que se tendrá en cuenta, además, es la protección a menores y personas que sufren ludopatía, y garantizar que existe una competencia legítima entre los operadores que tienen licencia para operar.

Sanciones

Como toda ley, la nueva normativa también incluye un régimen sancionador, con multas que van desde los 100.000 euros para infracciones leves; de 100.000 euros a un millones de euros para las infracciones graves y de un millón a 50 millones de euros o  hasta la revocación de la licencia para las infracción muy graves.

En este sentido, se considerará infracción muy grave alterar o manipular los sistemas técnicos para la obtención e premios, organizar apuestas sin licencia o “amañar” los resultados. La infracción grave será permitir jugar a personas que lo tienen prohibido o conceder préstamos a los jugadores.

Lucha contra la ilegalidad

Otro de los objetivos que también se persiguen es, precisamente, luchar contra la competencia desleal. Para lograrlo, la Comisión Nacional de Juego contará con instrumentos para controlar las malas praxis, cortando el flujo de ingresos de los operadores que no tengan licencia, actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que aparezcan sus anuncios o las compañías intermediarias para el pago de las ganancias.

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Un pensamiento en “El Gobierno espera aprobar el 4 de febrero la futura Ley del Juego

  1. Si esto sale adelante, tal y como se explica en el artículo, será un completo desastre para los ciudadanos, a los que sólo les quedará la opción de acudir al mercado negro o actuar fraudulentamente para encontrar un mercado competitivo.
    La tributación de las casas debe ser sobre los beneficios brutos, no sobre los ingresos brutos. Este modelo es similar al aprobado en Francia, que ya ha demostrado ser ineficaz a la hora de evitar el mercado negro y totalmente ruinoso para los apostadores y jugadores de poker.

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