El grupo Unidos por el Canal (UPC), que está liderado por Sacyr, mantiene su disposición a continuar negociando con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el fin de lograr un acuerdo que garantice la continuación y conclusión de las obras de ampliación de la vía.

La disposición de los contratistas encaja con la que muestra el país centroamericano, que estima que «podría haber una ventana de oportunidad» para un eventual acuerdo, según indicó el embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arango. «Las negociaciones están interrumpidas, pero no se ha puesto el punto final», indicó el diplomático en declaraciones a Onda Cero.

La Autoridad del Canal y el consorcio de empresas concluyeron el miércoles, 5 de enero, sin acuerdo el plazo que ellos mismos se dieron para solventar las tensiones de liquidez que afronta la obra de ampliación del Canal.

El grupo de contratistas que lidera Sacyr, y que completan Impregilo, Jan de Nul y Cusa, indicó que la ACP había roto las negociaciones tras rechazar las últimas propuestas de las constructoras, con lo que ponía en «serio riesgo» las obras de ampliación.

De su lado, la Autoridad del Canal denunció que la «inflexible» posición del consorcio impidió el acuerdo y que a partir de ahora tomará las decisiones que correspondan para asegurar que el proyecto concluye en la fecha prevista de 2015 «con o sin el grupo» liderado por Sacyr.

No obstante, desde distintas instancias, como la UE o el Gobierno español a través de su ministra de Fomento, Ana Pastor, han venido apelando a ambas partes a retomar la negociación y buscar una solución negociada al conflicto, con el fin de culminar las obras.

El consorcio se adjudicó en julio de 2009 el contrato de obras de construcción del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, una de las mayores obras de ingeniería civil de la historia. El proyecto, que presenta un grado de ejecución del 70%, tiene actualmente junio de 2015 como fecha para su inauguración.

Según las constructoras, la obra afronta problemas de liquidez ante la demora que las instancias previstas en el contrato están acumulando a la hora de evaluar las reclamaciones que han presentado por los sobrecostes que, según calcula, vienen registrando los trabajos, que cifran en unos 1.200 millones de euros