Luz y taquígrafosSi una empresa con menos de 25 trabajadores va mal y los empresarios o “emprendedores”, como dicen ahora, no tienen dinero ni bienes para pagar las nóminas, ya saben ustedes que los trabajadores no podrán cobrar el sueldo ni la liquidación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), como venía ocurriendo hasta ahora. Esto se debe a las últimas modificaciones de la normativa laboral, introducidas por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Cuando casi todos creíamos las palabras de los gobernantes sobre el apoyo a los emprendedores, los sacan del Fogasa y los dejan a la intemperie, lo que confirma el refrán de que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Viene esto a cuenta de la batería de preguntas, provincia a provincia, que han formulado decenas de diputados del PSOE para que la ministra Báñez y su equipo les contesten por escrito. Los diputados preguntan ¿qué pasa con el Fogasa? en Sevilla, Cádiz, Murcia, Madrid, A Coruña, etcétera.

La técnica del Grupo Socialista no es nueva y se repite, provincia por provincia, con otros asuntos, tales como la inversión del 1,5% de obras públicas en restauración y conservación del patrimonio histórico y artístico, o los datos de hogares en los que no entra un salario ni una pensión ni un subsidio por desempleo ni un euro de incentivo a la búsqueda de empleo, nada, que, según el INE, son más de 600.000 en toda España. Pero en el caso que nos ocupa, el Fogasa, que está dotado con un presupuesto ligeramente superior a 400 millones de euros (el 0,20% de las nóminas de los trabajadores), las cuestiones se extienden a los retrasos y dilaciones que sufren los trabajadores por la falta de personal para tramitar los más de 180.000 expedientes acumulados.

Sus señorías interpelantes y cualquier persona con sentido común se sorprenden de que con los millones de parados registrados en el Inem, la ministra de Empleo y su equipo no sean capaces de echar mano de un centenar de ellos –como hace, con contratos temporales de dos o tres meses, el ministro Wert para tramitar las becas– y desatascar un negociado tan vital como el comer. “Pongan interinos, cubran los puestos de trabajo que han amortizado, no sigan perjudicando con su indolencia a los más débiles, los que más lo necesitan”, vienen insistiendo los socialistas desde septiembre pasado. Y la ministra Báñez, que anda bien de las trompas de Falopio, no ha dudado en echar mano de Tragsa, la empresa pública que lo mismo vale para limpiar el chapapote en Galicia que las montañas de basura en Madrid o en Alcorcón, y le ha encargado que desatasque su negociado.

Les parecerá insólito, pero así es. La filial de Tragsatec ya se ha hecho cargo de la práctica papelista del Fogasa en 23 provincias donde los expedientes de los trabajadores que han perdido el empleo duermen el sueño de la incuria y la dejadez. Tragsa cobrará unos 3,5 millones de euros por la labor, en torno a 20 euros por expediente. Es lo que llaman “la externalización”. Si en este caso se adjudica el servicio a una empresa pública, en muchos otros se entrega a manos privadas, casi siempre amigas del poder político. La técnica es bastante burda: se desprestigia, corroe y descapitaliza el servicio público de probos funcionarios y se privatiza a trozos desde los ayuntamientos a los más solemnes Ministerios. ¿Es eso buen gobierno y técnica anticorrupción?