Los actores no pueden opinar. ¿Qué se han creído? Ellos están allí para interpretar y ya, para ser nominados y ya, para ganar y ya, para agradecer al director, al productor, a los compañeros de reparto, al agente y la familia y ya. Los directores no pueden opinar. ¿O no lo saben? Ellos están ahí para escoger un guión –quizá también para escribirlo, si como David Trueba participan de esa doble naturaleza-, unos protagonistas, dirigirlo y ya. Y así podríamos seguir con el resto de la industria del cine, en la que al parecer nadie tiene derecho a expresar su opinión públicamente; no sólo en su vida cotidiana, sino tampoco en la fiesta en la que son los absolutos protagonistas.
Parece ser que el principal reproche a la gente del cine al día siguiente de la ceremonia de los premios Goya es tener opiniones, y además expresarlas. Y también hacerlo siempre contra el Gobierno del Partido Popular, como ha dicho Esperanza Aguirre. Porque, como ha reflexionado Vicente Martínez Pujalte, se puede ser “un actor excepcional” –se refería a Javier Bardem- y “en lo político, un desastre”. Supongo que el ”desastre” viene por expresar posiciones distintas a las de Martínez Pujalte. Porque me cuesta trabajo imaginar las mismas críticas desaforadas, unos ataques furibundos idénticos -que han sido una constante en los últimos años- si Javier Bardem y los demás hubieran salido con pancartas como “Sí a la invasión de Iraq”, por poner un ejemplo. Entonces Martínez Pujalte, Aguirre y muchos comentaristas habrían estado encantados con las opiniones de los actores, como lo han estado siempre con toda manifestación que les fuera favorable: por ejemplo, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mientras les duró el idilio, o de la Conferencia Espiscopal, que aún continúa.
Cuando veo ciertas gentes llenándose la boca con la Constitución, me pregunto qué lectura habrán hecho de la norma fundamental, que sacraliza la libertad de expresión. Esta campaña descarada contra el mundo del cine patrio es una censura enmascarada de indignación pacífica. Martínez Pujalte, como Aguirre, lo que demuestra es un escaso respeto por las libertades públicas, una actitud radicalmente antidemocrática que a nadie parece incomodar. Ni siquiera en la fiesta que ellos mismos se dan –porque es la Academia de Cine quien decide premiar a los mejores de los suyos durante la temporada pasada- tienen, al parecer, derecho a opinar. Ni en su casa, vaya, así que no digamos en la entrada, cuando algunos actores se pararon con la plataforma Stop-Desahucios sobre la alfombra roja. Eso, ni hablar. ¿Para qué ha redactado el Gobierno una Ley de seguridad, si no es para hacer fosfatina el derecho de manifestación?
Y los escritores, ¿tenemos derecho a opinar? Si me dan un premio, y estoy ante mi atril, o al presentar un libro, ¿tendré derecho a decir que el IVA cultural del 21 % es un atentado contra la industria creativa? Según estos voceros, está visto que no.
Pero qué nos habíamos creído. Como si esto fuera una democracia.
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