La necesidad de presentar un balance lo más limpio posible, en cuanto a recuperación del dinero público utilizado, del proceso de reestructuración del sistema financiero ha llevado al Frob, controlado por el Ministerio de Economía y el Banco de España, a encargar a firmas especializadas 90 investigaciones sobre las entidades en las que ha estado presente. Una decisión que anticipa que gestores y miembros de los consejos de administración de estas entidades terminarán en los tribunales.

De momento, una docena de directivos de las antiguas cajas se encuentran a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. El 19 de mayo comparecerán ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional el exdirector general de Caixa Penedés, Ricard Pagés, y otros tres exdirectivos de la entidad (Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas). Se les acusa de adjudicarse pensiones millonarias mediante la suscripción de seguros realizada sin el conocimiento del consejo de administración y de la Comisión de Control de la entidad. El fiscal pide penas de hasta 3,5 años de cárcel.

Pendientes de la apertura de juicio por parte del magistrado Javier Gómez Bermúdez están el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión seis días (hasta que pagó la fianza) por otro caso ligado a la entidad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, por irregularidades en el cobro de dietas y en la percepción de créditos. La Fiscalía pide para López Abad cuatro años de prisión por apropiación indebida agravada, y una multa de 90.000 euros, y para Avilés, 2,5 años por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. También reclama una indemnización de 1,5 millones al Banco Sabadell, al que se adjudicó la CAM, por parte de ambos y de los 18 restantes miembros de la Comisión de Control de Tenedora de Inversiones, sociedad participada por la caja.

El Frob pide diez años de cárcel para López Abad, y seis para Avilés, que además debería pagar al Fondo de Garantía de Depósitos (que inyectó 5.249 millones en la CAM) 4,9 millones de euros por el “quebranto” de los créditos concedidos por la entidad.

López Abad aparece en otra pieza separada del caso Cam. El juez Javier Gòmez Bermúdez le mandó a prisión, que eludió tras pagar 2,5 millones de fianza, por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal a través de la sociedad Valfensal. Aquí también están implicados Daniel Gil, César Veliz, Vicente Sánchez, y Francisco Climent.

El juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional acusa al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; al exdirector general, José Luis Pego; y a varios directivos más (Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas) por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones. Se libraron de las acusaciones de apropiación indebida o estafa otros cuatro: el otro copresidente, Mauro Varela; los vicepresidentes, Salvador Fernández Moreda y Alfonso Zulueta, y Pilar Cibrán, que llegaron a estar imputados.

Además, hay más de un centenar de directivos y consejeros imputados por los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Y se encuentran aún en fase de instrucción las investigaciones sobre el Banco de Valencia, CCM, Banca Cívica, Caja Madrid, Bancaja y Bankia.

Demasiados frentes

Desde que estalló la crisis financiera internacional en el verano de 2007, hasta la primera querella, la presentada por el PP por la intervención de CCM, pasaron casi cuatro años. Lo curioso es que todavía no se ha producido la apertura de juicio oral (o el archivo de la causa) después de tres años de investigación judicial sobre la quiebra de la primera caja de ahorros que fue intervenida por el Banco de España.

Por la quiebra de bancos y cajas se han producido en España 275 imputaciones, que afectan a más de 200 directivos y consejeros de entidades financieras. Están trabajando en este asunto la Audiencia Nacional y jueces de Barcelona, Segovia, Burgos y León.

Algunos gestores de cajas tienen varios frentes abiertos, ya que aparecen en varios procedimientos judiciales: Miguel Blesa (Caja Madrid); Roberto López Abad (CAM), Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja; o Domingo Parra, exconsejero delegado del Banco de Valencia, entre otros.

Los tribunales investigan la autoadjudicación de sueldos y pensiones millonarias en Novacaixagalicia, Caixa Penedès, CAM, CatalunyaCaixa, Caja Granada y CAI. La autoconcesión de créditos a consejeros de Caja España Duero y de Caja Burgos. Y supuestas irregularidades en la financiación a empresarios, generalmente de la construcción o de la promoción inmobiliaria, por parte del Banco de Valencia (que tiene abiertos ocho casos) y de la CAM.

También se investigan las cuentas de Bankia (por las que está imputado Rodrigo Rato y toda la cúpula de la entidad ahora nacionalizada), Banca Cívica, CAM y Banco de Valencia. Y la responsabilidad penal de los directivos de entidades que comercializaron inadecuadamente participaciones preferentes: Caja Madrid, CatalunyaCaixa, Caixa Laietana y CAM.

Caso aparte es la adquisición de un banco en Estados Unidos por Caja Madrid en la etapa de Miguel Blesa, que ha desembocado de momento en el procesamiento del juez Elpidio José Silva por supuestas irregularidades en el proceso judicial sobre el expresidente de la entidad financiera.