La Caja Rural de Extremadura ha firmado la salida definitiva del Grupo Cooperativo Ibérico, un sistema institucional de protección (SIP) impulsado por la sevillana Rural del Sur y por la Rural de Córdoba. El Banco de España ha facilitado la operación al imponer a la entidad extremeña un coste “simbólico” por la ruptura del SIP, frente a los 22 millones de euros reclamados inicialmente por el Grupo Ibérico.

Eso sí, el supervisor ha realizado un “rigurosísimo” examen de las cuentas de la Rural del Sur, que ha tenido que encargar auditorías específicas y presentar un plan de viabilidad. Hasta que el Banco de España no ha comprobado que la entidad es viable en solitario no ha dado el ‘nihil obstat’ a su salida del Grupo Ibérico.

La asamblea general de socios de la Rural de Extremadura deberá ratificar el 5 de marzo esa decisión.

Mientras las cajas rurales del Sur y de Córdoba se han fusionado, siguiendo la recomendación del Banco de España sobre integraciones reales, no virtuales, la rural extremeña se queda sola. Frente a ella, la Rural de Almendralejo gana posiciones en Extremadura al impulsar Solventia, un SIP en el que también están otras entidades (las rurales de Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya y Utrera), formar parte del accionariado del Banco de Crédito Cooperativo (impulsado por el primer grupo del sector, Cajamar), e integrar 15 sucursales del Banco Caixa Geral, filial del grupo financiero controlado por el Estado portugués.

Injerencias políticas

Al Banco de España no le ha gustado que la ruptura del SIP, la primera que se produce entre las rurales (en las cajas de ahorro, la salida de la CAM del impulsado por CajAsturias, Extremadura y Cantabria terminó con su intervención, su nacionalización y posterior adjudicación a Banco Sabadell), se haya producido por una exigencia de la Junta de Extremadura.

El Banco de España impulsa, junto al Ministerio de Economía, una reforma de la normativa de las cajas rurales, como ha reclamado la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para cerrar la reestructuración del sistema financiero. La nueva legislación, aún en fase muy embrionaria, quiere impulsar la concentración y reducir todo lo posible la influencia política en la gestión de estas entidades financieras.

En este sentido, el PSOE reclama que finalicen las “injerencias políticas” en la entidad, y que sean sus órganos de gobierno, y no el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, del PP pero que gobierna gracias a los votos de Izquierda Unida, los que decidan hacia dónde va la caja rural.

“La Caja Rural de Extremadura es una entidad privada y ha habido demasiada cercanía de alguna manera de quienes no deberían haber estado tan cerca de las decisiones, porque para eso es una empresa privada”, señalan en el PSOE, que quieren que «sea una entidad solvente para poder aportar crédito a la economía regional y particularmente a agricultores y ganaderos».