El Gobierno está dispuesto a apoyar a Sacyr, responsable del Grupo Unidos por Canal de Panamá (GUPC), para que cierre el acuerdo, que está avanzado, con las autoridades que gestionan la infraestructura marítima. Con avances encima de la mesa, que han permitido que se reanuden las obras de la ampliación, el remate del pacto depende ahora en gran parte de la aseguradora Zurich, que deberá convertir en liquidez los 400 millones de euros del seguro, así como del Gobierno español.

El Ejecutivo tiene que aprobar la transformación de las condiciones del aval que se concedió a través de la aseguradora Cesce a la compañía de infraestructuras como motivo de la serie de terceras esclusas del canal, y que se eleva a 200 millones. Este aval cambiaría de naturaleza para convertirse en financiero, pero sin que en  principio aumente la implicación del Estado. Con este respaldo si podría ‘liberar’ los 400 millones de contragarantía de Zurich.

Aunque quedan otros temas por despejar, la decisión del Gobierno podría ser el detonante para que se firmase la ‘paz’ entre el consorcio europeo y los gestores, en definitiva, el Gobierno de Panamá. Ahora se ha acordado un nuevo plazo de tres días, pero no se descarta que, en caso de no cerrarse con éxito esta etapa, se vuelva al escenario de búsqueda de otras soluciones para acabar las obras. Por el contrario, si ahora se produce un acuerdo quedan  aspectos por negociar como un nuevo calendario para las obras, así como los desvíos por 1.600 millones de dólares reclamados por el grupo europeo y los 780 millones adelantados.

Mientras, el anuncio de la reanudación de las obras ha vuelto a servir de impulso a Sacyr en Bolsa que ha cerrado con un alza del 4,31%.