El consejo de administración de Repsol ha aprobado el acuerdo alcanzado entre la dirección de la petrolera y el Gobierno argentino sobre la indemnización del 51% de YPF. Las negociaciones se han alargado casi tres meses porque la dirección de la petrolera se ha intentado asegurar garantías para que la cifra pactada no se vea reducida por los vaivenes de los mercados, y más dada la situación que atraviesa la economía argentina.

El convenio que es calificado de solución “amigable » y de «avenimiento de expropiación”  reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación a la expropiación del 51% de las acciones, así como a recibir garantías para su pago efectivo. Otro punto es la renuncia recíproca de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones. El acuerdo estipula que el Gobierno argentino entregará a Repsol títulos de deuda pública en dólares, cuya composición es la siguiente: un paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares, dividido en tres tramos.

Existe un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares en otras tres series de bonos que servirán para compensar una posible caída en el mercado del valor de los activos financieros iniciales. La Casa Rosada se ha comprometido con esta clausula exigida por la empresa española dada el descenso de las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados secundarios.

Los títulos públicos, se entregan a Repsol “pro solvendo” es decir la deuda de la
República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la
misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a
sus respectivos vencimientos.

Como garantía adicional, Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares. El acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina.

Repsol, por su parte, ya había retirado las demandas interpuestas en tribunales internacionales, como el Ciadi, en las que se reclamaban compensaciones por 10.500 millones de dólares. La firma definitiva del acuerdo se producirá una vez haya sido aprobado por la junta de accionistas de Repsol (que se adelantará a finales de marzo o principios de abril), y de que el organismo tasador de la República argentina y su Congreso aprueben la operación y posibiliten la emisión de deuda.

Mientras se celebraba el consejo en Madrid, el jefe de Gabinete de Buenos Aires, Jorge Capitanich, destacaba que el acuerdo entre Repsol e YPF será «un avance cualitativo importante para garantizar y agilizar la financiación». Unas declaraciones que resumen el interés del país por solucionar un conflicto que ha repercutido en las inversiones en el área del gas y petróleo. Pero también para el grupo que preside Antonio Brufau se abre una etapa muy diferente a la que ha atravesado en estos dos últimos años tras la expropiación que tuvo lugar en abril de 2012.

La compañía tuvo que focalizarse más en otras áreas que le proporcionarán reservas y producción de hidrocarburos, con la prioridad de que contasen con mejores garantías jurídicas que Argentina. Por otro lado, Repsol anunciará este miércoles, 26 de febrero, en el que se incluirá un saneamiento de 1.279 millones de euros después de impuestos, para adaptar la participación de la petrolera en YPF en base a los términos del acuerdo con Argentina. 

El consenso espera una caída de los beneficios del 54% en el cuarto trimestre, lastrados por la reducción de la producción en Libia y los débiles márgenes de refino. En los resultados extraordinarios los beneficios por la venta de los activos de gas natural licuado (GNL) a Shell.