Truena. Y CCOO y UGT se acuerdan ahora de santa Bárbara. Cuando el Ejecutivo se apresta a dar carpetazo al sistema de cursos de parados y ocupados -que viene derrochando millones desde 1993, y después de los escándalos que han salpicado por igual a patronal y sindicatos -, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han reclamado hoy al Gobierno que cree una Agencia Nacional de la Formación Profesional, un organismo en el que ellos estén representados, y que se encargue de la “gestión integral” de los cursos para ocupados y parados.

La reclamación sindical emerge en el momento en que se intensifica la aparición de informaciones sobre un cambio profundo en el subsistema de formación para el empleo. Y, sobre todo, después de la publicación de los escándalos ligados a la gestión de fondos con los cuales se financian estos cursos, como el que acabó con la dimisión del líder de UGT en Andalucía por presuntas irregularidades en el destino de los fondos, o, ya en la orilla empresarial, la petición de devolución de 4,4 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid dirigida contra la empresarial madrileña CEIM.

Los sindicatos reclaman la creación de una Agencia que se encargue de la “gestión integral” de estos cursos, que deben organizarse con criterios de “medio y largo plazo”, sometidos a una “evaluación permanente” en todas sus fases de realización, y sobre todo, cuya temática “responda a las necesidades actuales del mercado de trabajo”.

El Gobierno impulsa los cambios

En estos momentos, el Ejecutivo ultima una reforma de este sistema de formación para el empleo, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy durante el Debate sobre el estado de la Nación. En su último reparto, el Gobierno distribuyó más de 950 millones de euros entre las comunidades autónomas, que tienen competencias en esta materia, incluida en el capítulo de políticas activas.

Según se ha publicado, el Gobierno ha sondeado a los sindicatos sobre su disposición a cambiar el sistema de organización de estos cursos, una petición que ha encontrado buena disposición entre las centrales. Según estas fuentes, los sindicatos han contestado a Empleo reclamando “financiación” a fin de poder desmontar la red de empresas que vienen impartiendo los cursos desde hace veinte años, bajo diferentes fórmulas.

Por su parte, el jefe de la patronal, Juan Rosell, se resiste a perder el control sobre las materias que deben impartirse en estos cursos. Rosell ha reclamado la desaparición de la Fundación Tripartita, la organización encargada de la planificación del sistema y en la cual tanto patronales como sindicatos y el Gobierno se hallan representados.

Rosell ha abodado por un ‘cheque-formación’ mediante el cual las empresas puedan elegir el centro donde recibir los cursos. En este sentido, los sindicatos coinciden con el ‘patrón de patronos’ en que debe respetarse el carácter finalista de la cuota de formación profesional que pagan empresarios (0,6%) y trabajadores (0,1%), con la cual se financia el sistema, que cuenta además con fondos europeos.

Por su parte, los sindicatos, según avanzaron este lunes, se resisten a perder influencia sobre las materias a impartir y el control de los cursos. Las centrales piden además que las empresas de más de 250 trabajadores aumenten su aportación, así como financiación “adicional” para los colectivos que no cotizan.