En política, las contradicciones salen al paso con más frecuencia que los saltamontes en verano, de modo que el cronista de hoja perenne nunca carece de materia prima aunque esta primera semana de marzo apenas haya actividad parlamentaria. La crisis de Ucrania domina la actualidad por el temor de que Rusia se apodere por las bravas de la península de Crimea, donde tiene fondeada su flota de guerra y paga un alquiler a Ucrania. La inquietud por la anexión, manu militari, de Sebastropol, se ha reflejado en las bolsas. España no posee grandes intereses económicos en Ucrania, la inversión acumulada no pasa de 60 millones de dólares, y es el actor con menos peso económico de la UE en un país cuya política interna ha sido dictada por Moscú desde la desmembración de la URSS y la independencia, en 1990. Ese dictado, abusivo y excesivo, ha alimentado la revuelta del Euromaidan que ha puesto en fuga a Yanukovich, con la consecuencia ya conocida de la intervención rusa en Crimea.

Y aquí es donde salta la primera contradicción: si la democracia sirve para resolver los conflictos pacíficamente a través del voto, y el Reino de España promueve la “democracia avanzada” en su acción exterior, ¿por qué causa o razón el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo y Marfil, se ha empleado tan a fondo ante sus 27 colegas de la UE para introducir en la resolución sobre Ucrania la negación del derecho de los crimeanos a decidir su futuro en votación? El argumento de Margallo de que la República Autónoma de Crimea pertenece jurídicamente a Ucrania y de que la UE no acepta un referendo en el que la población pueda decidir su futuro, equivale a afirmar que prefiere la guerra a la decisión democrática de la mayoría con respeto a las minorías.

Tamaño avance en la solución del conflicto ha llevado inmediatamente al grupo socialista a pedir la comparecencia parlamentaria del jefe de la diplomacia en el Congreso para que aclare su aportación en la reunión del Conejo de Ministros de Exteriores de la UE del 3 de marzo. ¿Era necesaria su brillante aportación? ¿Era conveniente bloquear esa posible salida democrática al conflicto? ¿Si la política exterior se considera de Estado, fue consultada a las fuerzas políticas parlamentarias? ¿Verdad que no?

Otra contradicción entre evidente y palmaria la encontramos en que a las pocas horas de la presentación de las nuevas “líneas estratégicas” de la política exterior española por parte del ministro Margallo en la Escuela Diplomática –un documento pactado con el principal partido de la oposición y elaborado por el Instituto Elcano que preside el príncipe Felipe de Borbón a título honorífico– y en el que “la promoción internacional de la democracia y los derechos humanos” figura como una de las seis líneas estratégicas, el Gobierno a través de su grupo parlamentario haya eliminado por ley orgánica y en procedimiento urgente y lectura única la jurisdicción universal que sirve para preservar los mencionados derechos y castigar a los individuos que los conculcan mediante crímenes de lesa humanidad desde los gobiernos de los que forman parte.

Tamaña felonía contradice el acuerdo y supone la renuncia a la dignidad y la justicia, según han coincidido todos los grupos parlamentarios, menos el PP. No es extraño que el PSOE se haya soliviantado y anuncie la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión cuya tramitación parlamentaria a uña de caballo y cuyo carácter retroactivo desborda la Carta Magna y además es una vergüenza, han dicho.